Alaya imputa los delitos de malversación y prevaricación a Magdalena Álvarez
Álvarez comienza a declarar ante la jueza y afirma que el sistema de transferencias de financiación investigado no se lo "inventó" ella, sino que es una "transposición de normas españolas" y que "ya existía en otras comunidades autónomas"
La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Alvarez.
Ha comenzado el interrogatorio de la jueza Mercedes Alaya a la imputada en un ambiente de "tranquilidad" y "plenamente normal, sin tensión alguna". La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Magdalena Alvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que "es una transposición de normas españolas" y que "ya existía" en otras comunidades autónomas españolas.
La imputada está contestando 'no' a la mayoría de las preguntas de la magistrada.
EL AUTO DE IMPUTACION
En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".
La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputó tanto a Alvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.
