Muñoz, Yagüe y García Marcos de vuelta a los tribunales
La Fiscalía les acusa junto a otros 10 exconcejales de Marbella de conceder licencias urbanísticas irregulares
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, en el juicio por el caso Malaya
Cuando aún está fresca la sentencia del caso Malaya, algunos de sus protagonistas volverán este lunes a desfilar por la Ciudad de la Justicia por la concesión, de nuevo, de supuestas licencias ilegales en distintas comisiones de gobierno para la construcción de 13 viviendas aisladas en la zona de Cristo de los Molinos de Marbella. Esta acusación estaría dentro del acuerdo con las defensas, por el que se acordaron determinadas penas siempre que los procesados mostraran su conformidad con los hechos.
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Los exalcaldes de Marbella, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, y la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos tendrán que comparecer este lunes ante el juzgado de lo penal número 7 de Málaga junto a otros 10 exediles de distintas corporaciones marbellíes acusados por la Fiscalía de conceder licencias supuestamente irregulares.
El ministerio público considera en sus conclusiones que los acusados aprobaron por unanimidad en distintas comisiones de gobierno la licencia de obras y el proyecto de ejecución para 13 viviendas aisladas en la zona de Cristo de los Molinos del municipio.
La Fiscalía sostiene que en todos los casos concedieron las licencias "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas" y acusa a los procesados de un delito contra la ordenación del territorio.
Esta acusación estaría dentro del acuerdo con las defensas, por el que se acordaron determinadas penas siempre que mostraran su conformidad con los hechos; aunque hay una acusación particular. Así, el fiscal pide para Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá un año de prisión y 10 de inhabilitación.
Para Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa pide nueve meses de prisión e inhabilitación también por 10 años, conforme al acuerdo. En este grupo estaría el exconcejal Javier Lendínez, que se fugó en 2008, tras mostrarse a favor del acuerdo; y que ahora ha sido detenido. Fuentes judiciales han apuntado que posiblemente se pida más pena de la que contempla dicho acuerdo.
En lo que respecta a los entonces concejales Isabel García Marcos, Rafael Calleja, José Antonio Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez, también acusados en el caso que se juzga este lunes, la pena solicitada por la acusación en otra causa en la que hubo conformidad fue de 12 meses de multa a 10 euros diarios, lo que supone 3.650 euros; y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo electivo.
