La Fiscalía confiesa que desconoce "las directrices" dadas a la Guardia Civil para investigar los ERE
Que la jueza Alaya y la Fiscalía están distanciados es una evidencia desde hace semanas y una realidad desde hace meses. Lo último, la Fiscalía Anticorrupción confiesa, en un escrito presentado en el juzgado, que desconoce las directrices que la jueza ha dado a la Guardia Civil para investigar el caso de los ERE. Y añade que es necesario dar prioridad a las ayudas dadas a empresarios y entidades en los años 2001, 2002 y 2003 para evitar que prescriban los delitos. Así que la Fiscalía entiende que la UCO debe aligerar y entregar más información en el juzgado cuanto antes.
En estos momentos, en respuesta a una pregunta de la magistrada, dice el fiscal, que no es posible de forma abstracta decir qué delitos han podido prescribir y con respecto a quien. Faltan los atestados de la Guardia Civl sobre cada una de las empresas y cada una de las ayuudas concedidas a las personas que se han beneficiado de este supuesto fraude.
Anticorrupción ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que manifiesta que "no es posible, con carácter previo ni en abstracto, tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión" en tanto en cuanto "no se reciban en las actuaciones los atestados de la UCO sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en la trama".
En este escrito, la Fiscalía "reitera" lo ya dicho en otro escrito de fecha 1 de septiembre de 2013, cuando pidió "acelerar" la investigación de todos los expedientes relativos a perceptores de fondos públicos, pues la posible prescripción de los delitos perseguidos dejaría "sin perseguir y condenar, en su caso, la participación de personas que hayan percibido fondos públicos de forma presuntamente ilícita, con la consecuente dificultad para reintegrar en vía penal los mismos a las arcas de la Junta".
La Fiscalía dijo en este escrito de septiembre, y reitera ahora, que "de forma provisional y parcial y a meros efectos expositivos, puesto que si opera o no el instituto de la prescripción exigirá un estudio de cada caso en particular", esta situación "se podría plantear en relación a perceptores de fondos públicos" vinculados con hasta 14 expedientes, entre los que citaba los casos del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, Santana Motor, Jerez Industrial, Gestifesa o Bufete Olivencia Ballester.
Anticorrupción también se refiere a la orden dada por la juez en el auto de 4 de octubre para que los agentes se centren en investigar los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003, señalando que esta disposición "entendemos" que "pretende evitar que determinadas personas físicas puedan quedar exoneradas de su responsabilidad penal" por prescripción de los delitos y que sociedades mercantiles o entidades beneficiarias de las ayudas "puedan ser llamadas en calidad de responsables civiles".
El Ministerio Público añade que "es necesario acelerar, o en su caso iniciar, las investigaciones y actuaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas", motivo por el que interesa que la Guardia Civil "siga investigando todas las ayudas sociolaborales", puesto que los hechos "que se pongan de manifiesto en dicha investigación podrán integrar la acusación contra los altos cargos de la Administración autonómica de apreciarse continuidad en los delitos que se imputan".
Igualmente, Anticorrupción considera "necesario" conocer "qué personas físicas, mediadores y sociedades han intervenido en cada ayuda" a fin de "poder valorar en su conjunto la imputación de hechos que permita su tipificación, de forma que sería en ese momento cuando se analizará si opera o no el instituto de la prescripción y con respecto a qué personas concretas". PAGOS A SINDICATOS
En este segundo escrito, la Fiscalía vuelve a reiterar su petición para que la juez indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos UGT y CCOO por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas.
Por último, se refiere a la segunda fase de la operación 'Heracles' y señala que el atestado elevado al Juzgado con motivo de esta actuación "recoge información del resultado de entradas y registros practicados" que pudiera ser "de interés" para otras investigaciones penales
