Alaya impone una fianza civil de siete millones al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas
La jueza Alaya exige una fianza civil de más de 7,2 millones de euros a Justo Mañas, el exviceconsejero de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012. Es la misma cantidad que le ha pedido el fiscal. La Junta, en cambio, no ha solicitado ninguna. Mañas se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar.
En el auto la magistrada afirma que cuando llegó al cargo entregó ayudas comprometidas por sus antecesores en la consejería de Empleo a pesar de que estaba advertido de que se habían otorgado sin procedimiento. Además de que supo, afirma Alaya, que existía un informe de una auditoría donde se mostraba que se habían dado millones a empresas de dos exconcejales socialistas de El Pedroso, José Enrique Rosendo y José María Sayago, constituidas con el único fin de recibir subvenciones.
Mercedes Alaya, explica en un auto, que tras el nombramiento de Mañas como viceconsejero, en marzo del 2010, se encontró con "múltiples informes que ponían de manifiesto la caótica situación de la Dirección General de Trabajo".
Además, había un informe del bufete Garrigues que advertía de la necesidad de contar con un procedimiento para conceder las subvenciones "so pena de nulidad" y "establecía que se había eludido la fiscalización previa e individual de las subvenciones, al concederse mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo".
Asegura Alaya que el contenido de esos informes fue transmitido a Mañas, pues "mucho había que cambiar y muchas decisiones que adoptar en la dirección general".
La funcionaria María José Rofa le expuso los informes y Mañas le contestó que "estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones y en tono jocoso le contestó: '¿Tengo que ir a la Fiscalía'"?, según el auto, dictado después de que hoy el ex alto cargo se acogiese a su derecho a no declarar como imputado.
La solución que buscó Mañas fue sustituir las transferencias de financiación por la encomienda de gestión, pero "la operativa era la misma" y consistía en subvenciones sin fiscalización previa, por lo que solo sirvió "para aparentar un cambio que en realidad no se produjo".
Añade Alaya que "la guinda del pastel" es que dicha encomienda se dictó "a sabiendas de una infracción esencial del procedimiento" previsto en la Ley de Administración de la Junta, pues debía haberse aprobado con carácter previo en el Consejo de Gobierno.
En ejecución de dicha encomienda se tramitaron 101 expedientes de subvenciones en 2010 y cuatro en 2011, según Alaya.
Junto a estos errores de procedimiento, el auto asegura que Mañas conoció las presiones que estaba ejerciendo la imputada Encarnación Poto Monge, dueña de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO) y "persona de influencia en los círculos políticos de la Junta" y accedió a pagarle una ayuda para contratación de eventuales de 109.620 euros "a sabiendas que era para el pago de la minuta de Garrigues" por su asesoramiento en el ERE.
Mañas "incumplió con el deber legal de poner en conocimiento de la Justicia" la existencia de los "intrusos" Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, las subvenciones al chófer Juan Francisco Trujillo y "la ausencia de procedimiento subvencionador, lo que lo convertía en ilegal y arbitrario".
El exviceconsejero se encuentra entre una treintena de ex altos cargos de la Junta imputados por los ERE y el auto le prohíbe salir de España, le impone la personación los días 7 y 21 en el juzgado y una fianza civil de 7.282.653 euros, destinados a "devolver en la medida de lo posible las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".
