Alaya impone una fianza civil de 2,1 millones al exparlamentario socialista Ramón Díaz
La jueza Alaya ha exigido 2,1 millones como fianza civil al exparlamentario socialista Ramón Díaz, imputado de los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencia en el caso de los ERE. El exparlamentario y exsindicalista de Ugt se acogió la semana pasada a su derecho a no declarar. Dice la magistrada que contribuyó de forma personal en las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, en el de Primayor y en el de Saldauto.
En el auto donde imputó al exparlamentario, la instructora le atribuyó una "activa participación" en la inclusión de dos intrusos en el expediente de Calderinox -Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández-, así como su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".
De los 2,1 millones de euros de fianza civil impuestos, 700.000 euros son fijados por su "contribución personal" a la negociación de una serie de expedientes, como los de la Faja Pirítica de Huelva, Saldauto o Primayor.
Tras la comparecencia del pasado viernes, el abogado del imputado entregó a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su "absoluta inocencia" en el caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación" en los hechos relacionados con este procedimiento.
A su juicio, "así lo especifica el informe enviado a la juez Alaya por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la Fiscalía, en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".
