Aguirre y Castro se enredan con las competencias urbanísticas de Getafe

Castro declara que la Comunidad podía aprobar las modificaciones al Plan General para cambiar la expropiación

Un duelo procesal en la Audiencia Provincial. Esperanza Aguirre y Pedro Castro han explicado sus razones administrativas para tomar decisiones sobre la ordenacion urbana de los municipios.

La ex-presidenta ha subrayado ante la sala juzgadora que la competencia para construir nuevas áreas de viviendas, como podía haber sido PSG, es únicamente municipal.

Según Aguirre, la Comunidad de Madrid quiso buscar una solución dentro de la ley para que los jóvenes tuvieran la vivienda, pero ha destacado que solo podía hacerlo el Ayuntamiento de Getafe con una modificación del Plan General de Urbanismo para cambiar el sistema de expropiación.

En el juicio está acusado el exadministrador único de PSG, David Moreno Pingarrón, quien cumple prisión por otra causa. Pingarrón se enfrenta a seis años y seis meses de prisión por apropiación indebida y otros tres años por un delito societario, junto con la inhabilitación especial y una multa de 20 meses.

A instancias de la defensa de Moreno Pingarrón, la expresidenta madrileña, la consejera Ana Isabel Mariño y el ex director general del Suelo de la Comunidad de Madrid, Diego Lozano han acudido esta mañana a testificar en la vista oral para aclarar algunos detalles de la tramitación de las viviendas.

También lo ha hecho el exalcalde de Getafe, Pedro Castro, quien ha asegurado que la Comunidad de Madrid podía aprobar modificaciones al Plan General.

Pedro Castro, como era de esperar, ha dicho lo contrario: que la última palabra la tiene la Comunidad de Madrid. Ha relatado que cuando se aprobó el Plan General se sabía que eso iba a ser a través de un sistema de expropiación y ha apuntado que es la Comunidad quien aprueba cualquier modificación.

El ex-alcalde de Getafe ha contado que cuando iban a expropiar los terrenos solo tenían suelo para 117 viviendas sobre las 1.800 que pretendían hacer. Y ha insistido en que en el tribunal que adjudicó las viviendas no había ni un concejal de Getafe.