Los socialistas creen que el cierre vulnera el derecho a la libertad de expresión

Valencia

Al considerar que el decreto ley dictado por la Generalitat que designó al director general y a nuevos consejeros del ente público sin pasar por el Parlamento autonómico es "claramente ilegal"

Según han explicado, el decreto ley -que modifica tres artículos de la Ley 3/2012 de 20 de julio sobre el Estatuto de Radiotelevisión Valenciana- vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, que es el que fija la "extraordinaria y urgente necesidad" para dictar un decreto ley, una situación que, "no ha habido".

Los socialistas consieran que los nuevos nombramientos se han adoptado sin pasar por el Parlamento valenciano, tal y como establece la ley actual, además de subrayar que "no se ha suspendido la emisión" de RTVV y que los principios de objetividad y de información pública "no han cesado".

Para el PSOE, también se da una vulneración "muy clara" del artículo 44 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que fija que la televisión pública valenciana es "una entidad básica" para esta región, así como del artículo 20 de la Constitución que recoge el "necesario control parlamentario de todos los medios públicos".

Por su parte el secretario general del Pspv Ximo Puig, la decisión del cierre de RTVV "nada tiene que ver" con el interés general de los valencianos, sino que es una decisión "orientada y dirigida desde el Partido Popular, desde Génova y desde FAES" que no está relacionada con motivos económicos.

También en el juzgado de guardia

Además el diputado socialista en les Corts Josep Moreno ha presentado una denuncia ante un juzgado de instrucción contra el ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) José López Jaraba y el ex director de antena de TVV Fernando Lázaro Quintela, por posible prevaricación en los contratos firmados con la empresa Triskel. La denuncia se plantea además por malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias, y pide que se cite al vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, para "explicar su conocimiento de esta cuestión".

El socialista recordaba el "escándalo" que supuso el contrato de julio de 2011 entre RTVV y la empresa Triskel Audiovisual por importe de "más de 700.000 euros" referidos a tres documentales, "que nunca se emitieron"

La denuncia señala que por cada documental se pagaron 177.500 euros más IVA, lo que supone "más de cien veces el precio real de mercado de un reportaje de investigación, que cuesta entre los 1.000 y los 1.500 euros", lo que contradice los principios de "legalidad, eficiencia y economía que deben regir" la actuación administrativa. Además, expone que Quintela estaba relacionado con Triskel, cuyo domicilio social era el mismo que el de una productora propiedad suya, y que fue nombrado director de antena de Televisión Valenciana por Jaraba.

Císcar: " no habia que alargar la agonía"

Ayer en les Corts el vicepresidente Jose Císcar, aseguó que el Ejecutivo valenciano "tenía claro que no podía alargar la agonía" de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), y por ello adoptó la semana pasada la decisión "necesaria" de cerrarla, algo que "no puede demorarse". Durante su comparecencia en el pleno de Les Corts para informar del cierre de RTVV, Císcar reiteraba que han actuado "por responsabilidad, defendiendo el interés general", y que no había "otra salida posible" tras la nulidad judicial del expediente de regulación de empleo (ERE), que algunos buscaron "a toda costa". Císcar aseguraba que comprende la "sensación de pérdida", pero pedía un "ejercicio de reflexión" sobre lo que se podía haber "hecho mejor" por los Gobiernos de la Generalitat, los sindicatos y la oposición, y disculpas por los "errores o desaciertos" desde el inicio de RTVV, y ha destacado que no se pueden tomar decisiones "sensatas solo con el sentimiento". Ha señalado que no pueden exigir más impuestos para costear una televisión pública que "no es viable"; ha destacado que no se va a perder "la historia de una televisión propia", registrada en su archivo audiovisual, y ha dado "la bienvenida" a la oposición a la defensa de las señas de identidad valencianas.

La oposición instaba al vicepresidente a rectificar, a negociar la decisión y a asumir responsabilidades, por este auténtico ataque al autogobierno valenciano.