Un año después, denunciamos menos

Un año hace que entró en vigor la puesta en marcha de las tasas judiciales, una medida impulsada por el Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón de aplicar tasas a los procedimientos judiciales, que suponían por ejemplo el pago de 300 euros para iniciar un recurso ordinario, 800 para una apelación o 1.200 euros si acudimos al Tribunal Supremo para un recurso de casación. Estas tasas han reducido la visita de los ciudadanos a los juzgados, con un efecto disuasorio no siempre positivo ya que han restringido el acceso a la justicia

El Decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer situa este descenso en un 18% menos de litigios en lo civil y un 23% para la vía penal desde que el pasado año entraron en vigor estas tasas. Aprobadas las tasas Para Viguer, el debate no está ahora en si las tasas son justas o injustas sino en si son proporcionadas y todos los datos apuntan a que no.

Los abogados también han notado un descenso en los casos, tanto en primera instancia, que ellos cifran en el 35%. En este caso, el Decano del Colegio de abogados de Valencia, Mariano Durán afirma que muchas personas que tendrían todo el derecho a acudir a la justicia no lo hacen porque es excesivamente cara. Durán señala que en Europa se cobran tasas pero no tan elevadas y añaden que, por ejemplo, en Francia, el gobierno de Hollande las ha suprimido al considerarlas un elemento de desigualdad.

Por cierto, tanto jueces como letrados señalan que otra manera de aplicarlas sería al final del proceso, a aquellos litigantes en los que haya quedado claro que ha habido mala fe.