La privatización de la lavandería hospitalaria, en los juzgados

Los trabajadores de la lavandería central hospitalaria han recurrido los pliegos de la privatización del servicio ante la Justicia, a la que además han pedido que suspenda de manera cautelar todo el proceso. Alegan que la privatización de esa gestión puede acarrear perjuicios irreparables no sólo para los trabajadores sino también para los miles de pacientes de los 19 hospitales afectados. También creen que el hecho de que para la adjudicación haya pesado más el criterio económico que el de la calidad puede conllevar peligros sanitarios.

El pasado martes día 19 el recurso fue admitido. Queda ahora saber si se da curso a la suspensión cautelar solicitada.

Mientras tanto, la consejería de Sanidad reconoce que ha dado orden de no enviar a la lavandería central ropa que, por otro lado, está siendo recogida por Flisa, la empresa que el 1 de diciembre se va a hacer cargo de la gestión de ese centro en el que ahora trabajan cerca de 300 personas.

Sanidad afirma que lo hace porque los trabajadores han dejado de lavar un tercio de los 30 mil kilos diarios. Eso sí, el gobierno regional no piensa abrir expediente alguno a estos empleados a los que acusa de no trabajar como deben. Lo que si hará la consejería, según ha confirmado a la Cadena SER, es pagar el servicio extra que ahora realiza la empresa adjudicataria.

Por su parte, los empleados desmienten esa versión ya que aseguran que no pueden trabajar porque no se les está enviando ropa para lavar y no porque estén haciendo una huelga encubierta.

Por otro lado, en los pliegos del concurso para la privatización de la gestión, el gobierno regional (la consejería de Sanidad) obliga a la empresa adjudicataria a aplicar el convenio del sector de lavanderías de Madrid y, por lo tanto, a una reducción salarial que oscila entre el 40 y el 50%. La consejería reconoce que los redactores de los pliegos pudieran no saber cuáles eran las condiciones laborales de ese convenio que, por otro lado, está firmado por los sindicatos.

Sanidad nunca consideró la posibilidad de obligar a respetar las condiciones salariales de la plantilla que va a ser subrogada.

En los pliegos también se especifica que los trabajadores tendrían un plazo nunca superior a los 15 días para decidir si aceptaban esas condiciones o acababan en el paro.