Espectación ante la sentencia del "caso Arroyo" que se conocerá, por fin, mañana viernes
Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, dará a conocer el fallo a las 12.30 horas. La resolución de los magistrados se produce cuatro meses después de concluir el juicio por el mayor caso de corrupción urbanística de la historia de Valladolid
La responsabilidad penal del alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, y el exportavoz del PP en la Diputación, Jesús García Galván, podría implicar el ingreso en prisión si se atienden las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular. Para el regidor, un independiente que también estuvo en el Ayuntamiento de Arroyo bajo las siglas del PP, se solicitaban penas de 10 años y medio de cárcel
En 24 horas , por fin, se conocerá la sentencia del caso arroyo. Cuatro meses después del jucio por el mayor caso de corrupción urbanística celebrado en Valladolid, la Audiencia Provincial de Valladolid dará a conocer el fallo. Entre los acusados figuran el anterior portavoz del PP en la Diputación, Jesús García Galván, y el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez.
El juicio concluyó el 18 de julio con el alegato del abogado defensor del alcalde, Javier Gómez de Liaño, quien expresó su convicción en la "inocencia" de todos los procesados.
El fiscal y la acusación popular del caso Arroyo solicitaron penas de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación para el alcalde de Arroyo : diez años y medio de cárcel, inhabilitación por un periodo de 27 años y multa de 535.000 euros.
Para García Galván, la petición de penas alcanzaban 3 años de prisión, además de inhhabilitación y 316.000 euros de multa. Prevaricación urbanística y cohecho son las acusaciones por su conducta cuando era delegado territorial de la Junta de Castilla y León.
La Fiscalía y la acusación coincidieron en que el alcalde y el ex delegado de la Junta recibían regalos de la promotora inmobiliaria a cambio de adoptar acuerdos administrativos que favorecían los intereses urbanísticos de la empresa gallega afincada en Arroyo de la Encomienda. Entre los favores atribuídos por las acusaicones figuran un piso en Villagarcía de Arosa y un chalet en otro municipio gallego, cuyos pagos fueron cuestionados.
También fueron acusados el arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, al único imputado al que se le rebajó la petición de penas en el juicio al descartar cohecho; María Iluminada Miguel Fernández, apoderada de la empresa en Valladolid, y representantes legales de la constructora.
