La Audiencia condena al alcalde de Arroyo a tres años de prisión y absuelve a García Galván
El fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial de Valladolid, que será recurrido por la defensa del alcalde, entiende que el delito de prevaricación del exdelegado de la Junta ya ha prescrito
El presidente de la Audiencia Provincial entrega la copia de la sentencia del "caso Arroyo" a los periodistas(JOSÉ MANUEL GOZALO)
La Audiencia de Valladolid ha acordado imponer una pena de tres años de cárcel y ocho de inhabilitación al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, por delitos de cohecho y prevaricación, y también al presidente del grupo 'Mahía', Ramón López Casal, a otros tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho, así como al arquitecto municipal, Benaventura Conde Salazar, condenado por cooperador necesario en el delito de prevaricación, por lo que se le ha impuesto siete años de inhabilitación.
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El fallo de la sala que preside Feliciano Trebolle, cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, ha absuelto de todos los cargos al exportavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, al también socio de 'mahía', José Presas Zobra, y la apoderada en Valladolid de dicha mercantil, María Iluminada Miguel Fernández, según han informado fuentes judiciales.
El Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, habían solicitado para el regidor de Arroyo, José Manuel Méndez, un total de diez años de cárcel, inhabilitación por veintisiete años y multa de 316.720 euros por dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación, mientras que Jesús García Galván, por delitos de cohecho y prevaricación urbanística, estaba expuesto a una condena de tres años, dieciocho de inhabilitación y multa de 316.720 euros.
En cuanto al resto de imputados, las acusaciones habían solicitado para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de catorce y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros.
Además, para el arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, habían pedido dos años de prisión y veintisiete años de inhabilitación y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multa, así como inhabilitación durante nueve años.
