Alaya imputa prevaricación y malversación a otro exalto cargo de la Junta
Antonio Estepa, exsecretario general de Hacienda, dice que desconocía que la Junta pagaba pólizas de prejubilación
La jueza Alaya ha imputado los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al que fue secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004, Antonio Estepa. Él ha manifestado que desconocía "totalmente" que la Junta pagara pólizas de prejubilación. Y ha reconocido que si las ayudas socio laborales se hubieran sometido a la fiscalización previa de la Intervención se hubiera evitado el déficit presupuestario que obligó a realizar modificaciones presupestarias de más de 131 millones de euros en 2003 y 2004.
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Ha sido una declaración en la que la magistrada le ha preguntado varias veces por el conocimiento que tenía la exconsejera, Magdalena Álvarez, del sistema establecido para pagar subvenciones socio laborales. Él ha tratado de exculparla. La magistrada se ha encargado de dejar claro con sus afirmaciones y preguntas que la consejería de Empleo pudo instaurar el sistema arbitrario y supuestamente ilegal de concesión de subvenciones gracias a la Consejería de Hacienda, que permitía el déficit y tramitaba las modificaciones presupuestarias.
Alaya también le ha exhibido un documento del consejo rector del IFA donde consta que hasta el año 2003 el IFA no tenía potestad para pagar subvenciones, cosa que se corrige en la Ley de Acompañamiento de 2004.
Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares contra Estepa "atendiendo al estado actual de la instrucción", pese a que otros ex altos cargos tienen ya fianzas de responsabilidad civil de hasta 46 millones de euros, en el caso del exdirector de Presupuestos Antonio Lozano.
Alaya ha imputado a Estepa que mediante las llamadas transferencias de financiación, que ha calificado como situadas "al margen de la ley" pues eludían el control previo de la Intervención General, la Junta llevó a cabo un "uso ilícito de fondos públicos" en el que las subvenciones se otorgaron "con absoluta discrecionalidad" e "incumpliendo los más elementales principios consagrados en el Estatuto de Autonomía de imparcialidad, transparencia y no discriminación".
La "partida fraudulenta" aprovechó la "complejidad del lenguaje presupuestario" para ocultar las modificaciones, ha dicho Alaya, a lo que el imputado ha respondido que "se resiste a entender que los parlamentarios no tengan ese conocimiento".
