La mayoría de los procesados en el caso Malaya anuncian el recurso al Supremo
La Audiencia de Málaga hizo pública el pasado 4 de octubre la sentencia de este caso, después de casi 200 sesiones de vista oral. Así, de los 95 procesados, 51 fueron condenados, mientras que se absolvió a 44 acusados
Los argumentos esgrimidos hasta el momento en los escritos de las defensas de los acusados son, en su mayoría, vulneración de derechos, como el de la presunción de inocencia, y quebrantamiento de forma.
La mayoría de los procesados que resultaron condenados por el caso 'Malaya' han presentado anuncio de recurso a la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga en esta causa contra la corrupción en Marbella (Málaga). Además, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía, personada como acusación, también anunciaron en su momento que recurrirán la resolución ante el Tribunal Supremo.
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La Audiencia de Málaga hizo pública el pasado 4 de octubre la sentencia de este caso, que cuenta con más de 5.500 folios, tras la celebración de un juicio que comenzó el 27 de septiembre de 2010 y terminó el 31 de julio de 2012, después de casi 200 sesiones de vista oral. Así, de los 95 procesados, 51 fueron condenados, mientras que se absolvió a 44 acusados.
Así, la Sala encargada de enjuiciar el caso ha recibido hasta el momento notificación de 39 anuncios de recurso de casación contra esta resolución, aunque faltarían por contabilizar los presentados en el registro general a lo largo de este martes, fecha en la que ha cumplido el plazo de 30 días dado por el Tribunal para presentar estos escritos, según han informado fuentes judiciales.
El anuncio se tramita inicialmente ante la Sala que enjuició el caso; aunque el recurso de casación en sí se presenta ante el Tribunal Supremo, órgano encargado de resolverlo. Los argumentos esgrimidos hasta el momento en los escritos de las defensas de los acusados son, en su mayoría, vulneración de derechos, como el de la presunción de inocencia, y quebrantamiento de forma.
Así, en el caso del principal acusado y considerado cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, que fue condenado a 11 años de prisión y multa de 240 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho pasivo, fraude y prevaricación, los motivos del anuncio de recurso son infracción de ley y de precepto constitucional, así como quebrantamiento de forma.
También ha anunciado recurso la defensa de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo, malversación, alteración del precio de subasta o concurso y fraude, con una multa de dos millones, alegando infracción de ley, por no estar conforme con la interpretación jurídica realizada partiendo de los hechos declarados probados.
Asimismo, se ha planteado por error en la apreciación de la prueba, sobre todo en relación con los coches que se atribuyen a la exalcaldesa; así como por infracción de preceptos constitucionales, donde se alega vulneración de derechos fundamentales, han informado a Europa Press desde esta defensa. No ha recurrido el exregidor Julián Muñoz, condenado a dos años de prisión.
Por contra, el letrado de la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, condenada a cuatro años de prisión por cohecho continuado y alteración del precio de subastas, sí ha presentado el anuncio de recurso por infracción de ley respecto a los dos delitos por los que fue condenada y por vulneración de la presunción de inocencia y quebrantamiento de forma.
Las defensas del exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, del funcionario Francisco Ramírez, del exedil José Jaén, y del también exconcejal Rafael González sí han presentado anuncio de recurso, en este último caso, por infracción de derechos fundamentales, porque no se aclaran los hechos probados y por error en la valoración de la prueba, entre otros aspectos, según fuentes de esta defensa.
En el caso de las acusaciones, la Junta de Andalucía y la Fiscalía Anticorrupción han anunciado recurso, en el caso de la última, al considerar que la sentencia incurre en infracción de ley e infracción de precepto constitucional.
