La Intervención General del Estado reprocha a Griñán y Álvarez no haber actuado en los ERE

Los cuatro peritos que han elaborado el documento afirman que ninguno de los ex consejeros de Hacienda dio cuenta al Consejo de Gobierno andaluz de los informes de la intervención de la junta donde se alertaba de ello

La Intervención General del Estado, en un informe pericial, describe el caso de los ERE de forma idéntica a como lo explica la jueza Mercedes Alaya en sus autos. Ningún consejero de Hacienda, de los gobiernos andaluces en la última década; Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo no hicieron nada para evitar que las ayudas sociolaborales se pagaran con una fórmula improcedente que evitaba cualquier fiscalización previa.

Los cuatro peritos que han elaborado el documento afirman que ninguno de los ex consejeros de Hacienda dio cuenta al Consejo de Gobierno andaluz de los informes de la intervención de la junta donde se alertaba de ello. Pero el interventor general, Manuel Gómez, tampoco hizo bien su trabajo, según el peritaje. No emitió nunca el informe de actuación al que le obligaba la ley para que se acabara con ese sistema de pago de subvenciones usando la fórmula de las transferencias de financiación de dinero desde la Consejería de Empleo a una empresa pública, como IFA, primero, y la Agencia IDEA, después. El sistema así establecido, generó un déficit en IDEA de 370 millones de euros entre los años 2002 y 2010.

El informe de la Intervención Generaa del Estado exculpa, como hace la jueza Mercedes Alaya, al Parlamento andaluz en este supuesto fraude. La cámara andaluza no pretendió ''vulnerar las normas de concesión de subvenciones'' al aprobar, en las sucesivas leyes de presupuestos, las transferencias de financiación.

El documento recoge que las comisiones que pagaba la Junta de Andalucía a las tramitadoras Uniter y Vitalia, eran superiores a la media del sector, lo que suponía un gasto innecesario.