Alaya imputa cuatro delitos a dos exsecretarias de Javier Guerrero

La jueza Mercedes Alaya ha imputado a las dos secretarias del exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. La magistrada entiende que María Ángeles Gala y Rocío Sayago, "indiciariamente", han sido "conocedoras y partícipes" de la tramitación de expedientes para otorgar subvenciones sociolaborales, "con absoluta ausencia de cualquier orden procedimental" y con la carencia de elementos como la solicitud del beneficiario, la memoria económica o una resolución motivada.

Las dos, según Alaya, sabían supuestamente que la dirección general de Trabajo concedía subvenciones sociolaborales

con absoluta ausencia de procedimiento. Y eran conocedoras de que así se repartían, "sin criterio legal y a discreción miles y miles de euros". También conocían, afirma la magistrada, la inclusión de intrusos en algunas pólizas y el tráfico de influencias del conseguidor, Juan Lanzas, sobre el director general de Trabajo, Javier Guerrero.

Alaya imputa a una de las secretarias, Mari Ángeles Gala, haber conseguido que un amigo fuera intruso en el ERE de Aglomerados Morell. La Fiscalía ha solicitado para ella una fianza civil de 220.000 euros y para la otra, Rocío Sayago, 80.000 euros.

Gala sólo ha respondido a dos preguntas y ha dicho que en su primera etapa hasta que llegó Guerrero no llevaba los expedientes, sino que se limitaba a labores propias de secretaría, como coger las llamadas o llevar la agenda, mientras que los expedientes se llevaban en el departamento de relaciones colectivas, según han indicado fuentes judiciales.

Sayago se ha acogido a su derecho a no declarar.