El concurso de Aifos podría entrar en su recta final antes del verano

El proceso del concurso se acelera a partir de la resolución de los incidentes, momento a partir del cual, se abre un plazo de 40 días para que la empresa presente una propuesta de convenio a los acreedores que debe ser ratificado por ,al menos, la mitad de ellos, en caso contrario, la sociedad estaría abocada a la liquidación.

El titular del juzgado de lo mercantil 1 de Málaga prevé que el concurso de Aifos entre en su recta final antes del próximo verano, prácticamente cinco años después de que la primera constructora de la provincia entrara en suspensión de pagos con un pasivo de mil millones de euros.

Es el periodo que establece el titular del juzgado para resolver el centenar de incidencias que aún están sobre la mesa relativas al concurso de Aifos, la mayoría de ellos escritos y recursos de los acreedores en desacuerdo con lo fijado como deuda por parte de la promotora, quedan un centenar del cerca de millar de incidentes que se presentaron en su día.

A partir de que se resuelvan estos incidentes se establece un plazo de cuarenta días para que la empresa presente una oferta de convenio a aquellos a los que debe dinero. Más de cinco mil acreedores, muchos de ellos compradores de pisos que entregaron cantidades y que hoy no tienen ni vivienda ni dinero. Una propuesta de convenio ya ha sido elaborada por Aifos y contemplaría la quita del 55 por ciento de lo que debe, empezar a pagar en diez años en seis cuotas anuales. Pero ese convenio debe ratificarse por, al menos, la mitad de los acreedores, caso contrario, la compañía iría a liquidación, se vendería su patrimonio dinero con el que se pagaría a los acreedores.

Además el juzgado de lo mercantil tiene sobre la mesa dos peticiones: una de Aifos para que se retire de la gerencia de la empresa a uno de los administradores concursales, y otra en sentido contrario, que se quite de la gerencia al presidente de Aifos, Ruíz Casado sobre quien, además, pesa la sentencia del caso Malaya que lo condenó a tres años de cárcel y una multa de dos millón es de euros el pasado mes de octubre por entregar dinero a Juan Antonio Roca.

La constructora malagueña debe más de 570 millones de euros a bancos, cerca de 65 millones a organismos públicos y alrededor de 210 millones de euros a 1600 compradores de viviendas, estos serían los terceros en orden de prioridad a la hora de cobrar si se liquida la sociedad.