El IMV hará el seguimiento de familias en riesgo de exclusión con empresas privadas
IU denuncia que la situación de estas familias en situación de especial vulnerabilidad no puede ser atendida a través de privados
Los presupuestos del Instituto Municipal de la Vivienda recogen una partida de 150.000 euros para contratar una empresa privada que realice el seguimiento de las familias en riesgo de exclusión social adjudicatarias de viviendas de VPO. El equipo de gobierno considera que este sistema hará posible realizar ese seguimiento a este colectivo para su inclusión, mientras IU denuncia la medida.
El equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Málaga proyecta dejar en manos de empresas privadas el seguimiento de las familias en exclusión social que residan en viviendas de protección oficial.
Lo ha denunciado el grupo municipal de Izquierda Unida, que exige explicaciones al equipo de gobierno sobre este asunto. Esta externalización fue aprobada en el proyecto de presupuestos del Instituto Municipal de la Vivienda para este 2014 que recibió luz verde el pasado 18 de noviembre.
Allí, el Partido Popular reveló su intención de destinar 150.000 euros a contratar a una empresa privada para que realizara el seguimiento de las familias en riesgo de exclusión social adjudicatarias de viviendas de VPO.
Para la coalición de izquierdas se trata de un despropósito, habida cuenta de la especial vulnerabilidad de este colectivo. Por este motivo, el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, pide que sean trabajadores sociales municipales los que se ocupen de estas familias.
EL IMV RESPONDE QUE NO TIENE PERSONAL
El equipo de gobierno responde que el Instituto de la Vivienda no cuenta con personal especializado en la materia y que el seguimiento a esas familias en exclusión social se llevará a cabo a través de empresas privadas para no recargar los servicios sociales, que están al cien por cien.
Añade que ese servicio supondrá ampliar la cobertura a estas familias para posibilitar su inclusión y así la atención a este colectivo no se quedará sólo en la adjudicación de los pisos.
A través del plan extraordinario para personas en riesgo de exclusión, se han adjudicado 180 viviendas protegidas a estas familias.
