Volver a empezar

En la Puerta del Sol temen llegar a la precampaña electoral sin haber resuelto el proceso de privatización. Las empresas adjudicatarias admiten su preocupación por esta nueva demora.

¿Y ahora qué? El proceso de privatización sanitaria y su suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) regresa al punto de partida, es decir, al pasado mes de septiembre. Hay siete recursos por discutir pero hay uno que es el realmente importante y el que puede dilatar los plazos, la estrategia que persigue la Marea Blanca y el PSM. Es el que presentó ante la Sección Tercera la Comunidad de Madrid, la misma sección que decretó la suspensión cautelar.

Es un recurso de reposición que, con la decisión adoptada ayer por los magistrados del TSJM, ya no va a discutir una supersala de 50 miembros -y aquí estaba en parte la jugada del magistrado Gerardo Martínez Tristán- sino la misma sala que decidió la suspensión cautelar.

Según fuentes jurídicas, es muy raro que un juez se pronuncie en contra de una decisión de su propia sección así que la vía que le queda a la Comunidad sería acudir al Tribunal Supremo. Es decir, presentar un recurso de casación, algo que en la Puerta del Sol dan casi por seguro.

En tiempos, resulta complicado fijar plazos exactos. Si se cumple esta tradición judicial, estaríamos hablando de meses y no de semanas. Un problema serio para las empresas adjudicatarias, cada día más nerviosas y un revés político para el presidente Ignacio González que podría tener que afrontar la precampaña y su hipotética elección como cabeza de cartel del PP, con este asunto sin resolver. Otro problema para el presidente, que se suma a la imputación pendiente de su mujer en el caso Ático trasladada desde un juzgado de Estepona a la Audiencia Nacional.

¿Puede haber recortes y despidos?

Con los presupuestos para 2014 en la mano, esta paralización no debería tener ninguna consecuencia en materia de recortes. Cuando el gobierno regional redactó las cuentas de este año se puso en lo peor y decidió recortar de otras partidas para arañar los 131 millones, que según los cálculos de la consejería de Sanidad, se iban a ahorrar con la privatización. Al menos, al hacer cálculos para este año, el departamento de Javier Fernández-Lasquetty dio por hecho, que la suspensión no se levantaba.

Pero este nuevo retraso puede ser la excusa perfecta para presentar nuevos ajustes, sobre todo en materia laboral. El gobierno no aclara si puede haber o no nuevos despidos. El pasado miércoles, el portavoz del gobierno evitó responder a esta pregunta.

A día de hoy, la firma y duración de los contratos del personal eventual de los hospitales que iban a ser privatizados, está condicionada a la continuidad del proceso.