El Cabildo de Fuerteventura protege los podomorfos pero no Tindaya

"Estamos convencidos de que lo que ha ocurrido en Tindaya es único en el estado español", mascullaba antes de ceder la palabra José Guillén, arqueólogo de Ben Magec-Ecologistas en Acción. Pero ¿A qué se refiere? Pues a la decisión que ha tomado el Cabildo de Fuerteventura, en particular su área de patrimonio, al cumplir la Ley y declarar Bien de Interés Cultural los grabados rupestres de la montaña de Tindaya. Han protegido los grabados, pero no la montaña. "Si utilizáramos un símil, es como proteger los bisontes de Altamira y no las cuevas", concluía Guillén, sin salir de su asombro al intentar explicarlo.

La protección que ha articulado el Cabildo de Fuerteventura "es una interpretación perversa" de la Ley de Patrimonio al separar la protección del bien en sí -los grabados rupestres- del lugar en el que se encuentra -la montaña-, según explicaron arqueólogos de la organización ecologistas. Con esta separación, sin embargo, es viable la ejecución del proyecto monumental escultórico ideado por el artista vasco Eduardo Chillida, fallecido en 2002.

En las alegaciones presentadas al proyecto del Cabildo de Fuerteventura, desde Ben Magec también se ha cuestionado el hecho de que el proyecto de Bien de Interés Cultural haya separado en dos las zonas protegidas. Contraponiendo el mapa del proyecto de Chillida con el del Bien de Interés Cultural, se observa que la zona que divide ambas partes protegidas es la que ocupa una chimenea de salida del proyecto de vaciado de la montaña.

La asociación ecologista Ben Magec opina que el Cabildo de Fuerteventura ha despreciado el "monumento ya existente, los podomorfos y otros valores científicos que tiene la montaña, para dar prioridad al que no existe por el momento, el que propuso Chillida", y que según Noelia Sánchez, portavoz de la organización "ha supuesto un agujero en el bolsillo de todos los canarios de 40 millones de euros".

Además, según han explicado, el autor de parte de la información que aparece en el Bien de Interés Cultural está elaborada por el arqueólogo Fernando Álamo también ha presentado alegaciones al entender que el Cabildo de Fuerteventura ha malinterpretado la información que suministró a la institución en 2009. Este extremo no ha sido confirmado por el consejero de Patrimonio de Fuerteventura, el socialista Juan Jiménez, al haber "concluido recientemente el periodo de alegaciones".

Jiménez ha defendido la protección que ha hecho el Cabildo y sostiene que se ha hecho "al margen de filias y fobias hacia el proyecto que realizó el escultor Eduardo Chillida, que a día de hoy lo veo más como una quimera". Igualmente explicó que "por encima de los 300 metros están los 82 grabados podomórficos y que en base a ese número se ha perimetrado sobre el exterior de cada uno de ellos, con un colchón de 100 metros que es lo que se establece la ley autonómica con respecto al área de afección a cualquier Bien de Interés Cultural".