Un nuevo desahucio se ejecutará hoy en Canarias

Ni siquiera los recursos de su abogada han servido para paralizar el desahucio. Su historia comenzó cuando decidió avalar la compra del cohe de un hijo suyo para que pudiera financiarlo. No pudo afrontar todos los pagos. Negoció. Supuestamente le permitieron el aplazamiento, pero la entidad bancaria, City Bank, a sus espaldas, solicitó la ejecución de la propiedad, una cisrcuntancia que, aunque venía sobrevenida desde el 2012, no llegó a su conocimiento hasta hace unas semanas.

Las cantidades que le reclama la entidad bancaria a esta mujer de 56 años son 8.630 euros, una cifra que según ha apuntado Inma Évora, portavoz de la plataforma STOP Desahucios, es "ridícula e indecente" como para dejar a una familia en la calle.

Évora ha ido más allá y ha señalado que es "alucinante" que una vez más se produzca un desequilibrio injusto entre el enriquecimiento de una entidad bancaria y el empobrecimiento de una familia. La afectada, Rosario Alberto Castro, tiene a su cargo a una hija y a dos nietos y ahora otra hija, acompañada de dos menores, iba a trasladarse a esa vivienda por la situación precaria que sufren

Desde la plataforma han cargado las tintas contra su primer abogado al que han acusado de "pasotismo", porque la mujer pensaba que con el fraccionamiento del pago su situación se había solucionado. "La mala praxis" del abogado la ha condenado, ha apuntado Évora.

Su actual abogada ha solicitado por dos veces un aplazamiento que ha sido rechazado. Desde la plataforma aseguran que "sólo queda la justicia social y la presión a las entidades financieras".