"Nos vemos con un pie dentro y otro fuera"

Francisco Javier Roca es uno de los más de 200 andaluces que ven paralizados los trámites de expropiación del uso de la vivienda en la que habitan a los bancos que los pretenden desahuciarles, tras admitir a trámite el Constitucional el recurso del Gobierno central contra los artículos de la Ley Antidesahucios de la Junta que afectan a la expropiación y a las sanciones a la banca por las viviendas vacías.

Francisco Javier Roca es de El Puerto de Santamaría. La Junta había iniciado semanas atrás la expropiación temporal del uso de la vivienda en la que habita con su familia al banco que les ha notificado el desahucio. Vive con su mujer y sus dos hijos en esa casa desde hace 13 años y pagaba hasta que no pudo hacer frente a la hipoteca. Él y su mujer están en paro y sólo ingresan 426 euros de ayuda familiar. "Es como un jarro de agua fría", dice al conocer que el Constitucional ha suspendido la aplicación de la normativa andaluza a su caso y que los trámites iniciados y publicados ya en el BOJA para que pueda quedarse tres años más en la casa se han parado. "Teníamos esperanza con esta ley de la Junta, pero ahora nos vemos de nuevo con un pie dentro y otro fuera", dice.

En la situación de Francisco Javier Roca se encuentran más de 200 familias a las que afecta la suspensión de la Ley Antidesahucios de la Junta, derivada de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso planteado por el Ejecutivo de Rajoy.

La suspensión automática durará, como mínimo, 6 meses, que son prorrogables.

El recurso no paraliza la ley entera, pero sí el artículo que afecta a la expropiación temporal del uso de viviendas que permitía que personas en riesgo de exclusión pudieran continuar en las casas durante un máximo de tres años pese a haber sido notificados de desahucio por un banco u otra persona jurídica.

Deja sin efecto, de momento, más de 200 expedientes que se habían iniciado pero que no han sido aún enviados a BOJA.

Y en el aire quedan otros 37 expedientes iniciados y más avanzados, publicados ya en el Boletón Oficial de la Junta de Andalucía. La Junta cree que para estos casos hay margen para que no se llegue al desahucio. Reclamará a los jueces competentes que no los ejecuten porque la suspensión del Constitucional es cautelar y no entra en el fondo de la norma.

Sólo dos expropiaciones se han culminado en Huelva y Torremolinos. A éstas no afecta la suspensión, según la Junta.

La suspensión también afecta a las sanciones previstas a bancos por viviendas vacías. Aunque esto no ha llegado a comenzar.