Un inmigrante senegalés reclama al gobierno 38.000 euros por atribuirle delitos de otra persona

El camino para conseguir la residencia en España ha sido aún más tortuoso de lo habitual para Sadibou. En 2006 llegó en cayuco a Tenerife desde Senegal y, tras breves estancias en Madrid y Almería, recala en Sevilla, donde conoce a Ana, su esposa desde 2011. Ese año Sadibou solicita a la subdelegación del gobierno el permiso de residencia en España, y meses de espera concluyen con una respuesta negativa. El gobierno le deniega el permiso alegando que tiene antecedentes penales por un delito contra la propiedad intelectual y de lesiones por los que está condenado a diez años de expulsión de España.

El delito supuestamente lo cometió en Valencia, ciudad que Sadibou nunca ha visitado. Sadibou recurre, pero el gobierno insiste, y él decide acudir a los tribunales, que lo citan para marzo de 2014. Mientras tanto, vuelve a pedir la residencia y esta vez, en noviembre de 2013, la delegación del gobierno sí se la concede porque comprueba que lo habían confundido con un inmigrante de Mauritania de nombre casi idéntico.

Han pasado dos años y medio en los que Sadibou, de 35, no ha podido ni tener un contrato de trabajo ni visitar a su familia en Senegal. Hasta hoy, con permiso de residencia y trabajo en la recogida de la aceituna en Jaén, Sadibou ha sufrido una larga espera por la que reclamará una indemnización económica de 38 mil euros. En el juicio fechado para marzo, su defensa, el bufete de abogados AvantGarde, pedirá que le resarzan los perjuicios morales y económicos que esta confusión le ha generado. El camino, desde que salió de su país en cayuco en 2006, asegura, "no ha merecido la pena".

La Subdelegación del gobierno en Sevilla alega que la confusión se ha debido a que su sistema informático sólo registra nombre y fecha de nacimiento, y asegura que va a estudiar conceder a Sadibou la residencia con carácter retroactivo.