El TSJA obliga a la Junta a pagar la limpieza de arroyos
El Alto Tribunal Andaluz respalda al ayuntamiento de Málaga en las actuaciones de urgencia que acometió para evitar desbordamientos en los cauces durante el invierno, pero no se pronuncia aún sobre las competencias en limpieza de arroyos
La Junta de Andalucía estudia recurrir el auto del TSJA que le obliga a pagar 60.000 euros de limpieza de cauces de emergencia que realizó el consistorio. El Alto Tribunal tendrá que dirimir aún el asunto de fondo del recurso: a quién le corresponden las tareas de limpieza de arroyos en tramas urbanas, algo que lleva años enfrentando a las administraciones local y regional
El ayuntamiento de Málaga gana el primer asalto: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón y ha emitido un auto en el que declara firme la autorización dada al municipio para que limpiase de forma urgente varios arroyos de la ciudad y luego le pasase el coste a la Junta, que asciende a 60.000 euros.
Es lo que pidió el ayuntamiento al Alto Tribunal, instase a la administración regional o autorizase al consistorio como medida cautelar a ejecutar esas actuaciones de limpieza en varios cauces durante es invierno argumentando que existía peligro de desbordamiento. Los trabajos se acometieron entre noviembre y diciembre en arroyos de algunos polígonos, así como en el de La Caleta, Jaboneros, Gálica, Colmenarejo, Aceiteros y Teatinos.
La concejala de Servicios Operativos de la capital, Teresa Porras, compareció ayer para dar a conocer el auto notificado el pasado 14 de enero y señaló: "Hemos ganado en seguridad en la ciudad y creo que eso es lo importante".
El departamento que dirige la concejala Teresa Porras ha ganado una batalla, pero no la guerra. El alto tribunal no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del recurso presentado por el ayuntamiento de Málaga en el que pedía que aclarase de quién son las competencias de limpieza de cauces en tramas urbanas, si de la Junta o del ayuntamiento, el eterno debate que mantiene enfrentadas a ambas administraciones.
La Junta dice no tener constancia del auto, pero se plantea recurrirlo. Para ello, tendrá cinco días hábiles a partir de que se le notifique la sentencia y tendrá que poner en depósito los 60.000 euros de la limpieza de arroyos.
