Madrid no contempla indemnizar a las empresas de la privatización sanitaria

Esa es su principal baza para justificar que no cabe la posibilidad de que tengan que compensar a las empresas por su 'marcha atrás' a su plan para privatizar la gestión de los seis nuevos hospitales madrileños. Sin embargo, varios abogados expertos en derecho administrativo sí ven argumentos para que las empresas puedan iniciar un posible litigio. Las empresas podrían reclamar 140 millones de euros.

La Ley de Contratos del Sector Público es un campo de minas, está llena de trampas administrativas con muchos artículos a los que agarrarse, tanto para justificar una hipotética indemnización, como para ir en una dirección contraria.

Por ejemplo, el artículo 48 de la citada ley dice que "la indemnización deberá resarcir al reclamante cuando menos de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación".

Pero Madrid no estaría en ese escenario. "El plan se ha retirado sin que hayamos firmado el contrato con las empresas", ese es ahora mismo el argumento que manejan en la Puerta del Sol, "por eso no creemos que tengamos que afrontar ninguna indemnización", según explicar fuentes del gobierno de madrileño a la Cadena SER.

Eso es cierto, pero hay un matiz contradictorio. Hace meses, la Comunidad de Madrid defendió justo lo contrario. Lo hicieron los abogados del Gobierno madrileño en sus escritos para tratar de frenar los recursos presentados por la marea blanca para suspender el proceso. Entonces aseguraron que "se pretendía recurrir un proceso que ya estaba completado".

Un argumento que defendió así el propio ex consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty

Por tanto, según varios abogados expertos en derecho administrativo, según el artículo 225 de la ley de contratación pública, "las empresas podrían reclamar un 3% del importe de la adjudicación", es decir, más de 140 millones de euros. (Una cifra basada en los 4.679.820.419 euros que Madrid iba a pagar durante los próximos 10 años)

Aunque el artículo 141 de la Ley de Contratación Pública dice que "la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado".

Pero ahora mismo, todo esto es un escenario virtual, porque a día de hoy, ninguna de las tres empresas, sin Sanitas, ni Ribera Salud, ni la puertorriqueña Hima San Pablo han manifestado su deseo de reclamar una indemnización.

"Si lo hacen", aseguran fuentes de la Comunidad, "será entonces cuando nuestros abogados escudriñen la ley para ver en qué escenario estamos y ver qué pasos damos".

Pero está por ver, si las empresas, al menos las nacionales, quieren aventurarse a emprender esa batalla, teniendo en cuenta que tienen otros contratos en vigor con la administración pública.