Las adjudicatarias guardan información de los hospitales privatizables

La Consejería de Sanidad niega que hayan proporcionado a las empresas información confidencial de los pacientes. Y aclaran que "la información profesional que ofrecieron los profesionales la entregaron de forma voluntaria". Desde el PSM han acusado a la Comunidad de Madrid de haber permitido a estas empresas que accediesen a información privada sobre trabajadores y pacientes.

Con la adjudicación ya hecha, las tres empresas, Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo instalaron un oficina técnica en los seis hospitales que pretendían gestionar. Habían recibido la adjudicación, pero no habían firmado aún los contratos.

En el caso de Ribera Salud, remitieron a los profesionales un documento donde se les explicaba que "siguiendo las instrucciones de la Consejería de Sanidad les informamos que a partir de hoy día 28 de agosto, estará en funcionamiento la oficina técnica informativa de Sureste Salud, concesionaria del Hospital Universitario del Sureste".

En ese escrito se les explicaba que las "funciones de dicha oficina serán, entre otras, las de informar con carácter personal a todos los profesionales estatutarios interinos y eventuales de las condiciones que ofrecerá la empresa concesionaria y la resolución de dudas que individualmente pueda tener".

Las empresas tuvieron acceso a los correos electrónicos de los trabajadores, "desde hoy mismo la Oficina Técnica citará a través de correo electrónico, a todos los profesionales".

Durante esos días, de visita y de reuniones, las tres compañías resolvieron dudas laborales, pero también recibieron información, tal y como admiten las empresas, "aunque esa información fue exclusivamente técnica, en ningún caso fue confidencial", insisten.

¿Entonces qué información recibieron?

Tal y como han confirmado a la Cadena SER las empresas, y los propios trabajadores de estos seis hospitales, las empresas recibieron todo tipo de información.

Los responsables de las concesionarias se reunieron puntualmente con varios jefes de servicio. A ellos se les pidió una memoria de sus unidades, es decir, información asistencial como "datos de actividad, patologías, o listas de espera".

También recopilaron información personal y profesional de los trabajadores. "Cada uno de ellos, de forma voluntaria rellenaron un formulario donde decidían incorporarse a las sociedades concesionarias", nos matizan las empresas. En ese documento ofrecían datos como su domicilio, teléfono, pero también datos profesionales como su categoría, su régimen jurídico o su situación laboral.

Por cierto, aunque ese documento se entregó de forma voluntaria, carece de la información sobre la Ley de Protección de Datos, que sí figura en cualquier documento oficial.

La Consejería de Sanidad no ha aclarado a la Cadena SER si reclamará esa documentación. Tan sólo aportan dos detalles, "negamos que hayamos ofrecido datos de pacientes. Y segundo, la información profesional que ofrecieron los trabajadores, la dieron de forma voluntaria".

Algunas empresas, como es el caso de Ribera Salud están a la espera de que "la Consejería de Sanidad nos digan qué hacer con toda esa información".