Privatización sanitaria: los jueces dicen que el proceso ha sido una 'chapuza jurídica'

El procedimiento sigue vivo, los recursos están activos y así van a seguir hasta que el BOCAM publique el fallecimiento de la privatización

Una chapuza jurídica en toda regla. Eso es lo que han arreglado los jueces madrileños de Lo Contencioso a la hora de dictaminar sobre el proceso de privatización sanitaria. Hay enfado e incredulidad entre los magistrados ante las declaraciones de los políticos del PP señalando al trabajo del poder judicial como una injerencia en las labores de gobierno.

Según fuentes del TSJM, aquí lo único que se ha dirimido es la chapuza de unos pliegos de condiciones que se publicaron el pasado 30 de Abril modificando las reglas de juego que la propia administración regional se había dado a sí misma.

Esta modificación reducía de manera drástica las sumas económicas que las empresas privadas debían depositar para hacerse con los contratos. Y ahí el proceso, jurídicamente, quedo contaminado por lo que se adoptaron medidas cautelares de paralización que han sido confirmadas.

Es decir, el mensaje de los jueces es más que claro: no se ha parado el proceso porque no guste a la justicia. De hecho, ni siquiera el poder judicial madrileño ha entrado a valorar el proceso de privatización, el proceso está paralizado porque una parte del mismo está hecha rematadamente mal en términos jurídicos.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Un extremo que ha asombrado a algunos magistrados ante la potencia económica y humana que suponen los servicios jurídicos del gobierno regional. Por cierto, el procedimiento sigue vivo, los recursos están activos y así van a seguir hasta que el BOCAM publique el fallecimiento de la privatización, una situación que aún no se ha dado

Y por último un asunto que sigue girando: la creación de la Supersala y el protagonismo que cobró en su momento el juez Gerardo Martínez Tristán, ahora en el Consejo General del Poder Judicial.

Según pasan los días, se asume que esta decisión solo pretendía revocar las medidas cautelares de paralización porque era una evidencia jurídica que la sección tercera no cambiaría su resolución.