Anticorrupción pide 5,5 millones de fianza civil para Antonio Rivas

Antonio Rivas, el exdelegado de Empleo en Sevilla, ha comparecido ante la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, 1.115 días después de ser imputado y se ha acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza civil de algo más de 5,5 millones y la Junta algo más de cuatro. La magistrada le ha imputado los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por su participación en distintos expedientes de regulación de empleo subvencionados con dinero público. Su abogado ha dicho que Rivas "no se ha enriquecido" en la política.

Rivas ha llegado y se ha ido rodeado de familiares y amigos que esperaban lo peor y que se han marchado muy contentos cuando han comprobado que las acusaciones sólo han pedido para él fianzas civiles, aunque millonarias.

La jueza Alaya le ha imputado haber incluido como "intrusos" a su cuñado José Antonio Márquez en el ERE de Surcolor; a Antonio Garrido Santoyo, secretario de Administración de UGT en Sevilla, en el ERE de Mercasevilla; y en el expediente de Intersur a José Antonio García Prieto, concejal de Camas (Sevilla) cuando él era alcalde y a Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE.

En cuanto al expediente de Aglomerados Morell, la juez recoge que Rivas impulsó ese ERE destinado a "favorecer al PSOE" de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), localidad donde se iba a instalar la empresa y para lo que previamente "exigieron el despido de parte de la plantilla y contratar a trabajadores de dicha localidad".

Sobre el ERE de 2007 en Mercasevilla, la juez le ha imputado haberlo aprobado pese a que las razones del primer expediente, en 2003, fueron la plantilla sobredimensionada y en ese plazo la empresa había vuelto a contratar al mismo número de personas.

Igualmente, Rivas ejerció su influencia sobre el entonces director general de Trabajo para atender "el compromiso adquirido con la federación de Industria de CCOO" de incluir en el ERE de Calderinox a su afiliado Antonio Fernández Garzón, según Alaya.

Tras la lectura de las imputaciones, las acusaciones han pedido como medidas personales la comparecencia de Rivas en un juzgado cada cierto plazo y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 5.679.696 euros por el importe de las ayudas presuntamente fraudulentas.

El abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ha hecho constar que los ERE se aprobaron "previo informe favorable de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, que legalmente es el garante de la legalidad en estos procedimientos".

Además, los expedientes "sin excepción, fueron acordados entre las respectivas empresas y las representaciones legales de los trabajadores" y cuando esto se produce "la homologación o autorización por parte de la Junta de Andalucía es obligada y por tanto, poca capacidad de maniobra" tenía Rivas.