Alaya impone una fianza civil de 593.000 euros a dos sindicalistas de CCOO
La magistrada declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Federación de Industria del sindicato
La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, impone una fianza civil solidaria de 593.000 euros a dos sindicalistas de Comisiones Obreras, Juan Antonio Caravaca, que fue responsable de la Federación de Industria de Comisiones en Sevilla y a Enrique Manuel Jiménez, que ocupaba un cargo similar en Andalucía. Alaya declara responsable civil solidaria a la Federación de Industria del sindicato.
Caravaca, según Alaya, contribuyó a la inclusión en el ERE de Calderinox de dos personas que nunca habían trabajado en esa empresa: Antonio Fernández Garzón, militante de su propio sindicato, y Juan Rodríguez Cordobés, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 1999 y 2000.
Las ayudas para Calderinox, según el auto, consistían en una percepción económica, dado que se adeudaban nóminas, y un plan de prejubilación para los trabajadores de mayor edad, compromisos que adquirieron Caravaca junto con los ya imputados Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo.
Añade el auto que el 6 de marzo de 2008 se formalizó el Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA por el que se formalizó el otorgamiento de ayudas a los extrabajadores y se abonó una subvención de concesión directa a la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía de 432.728 euros.
Esa cantidad, según la juez, fue duplicada en la solicitud "sin ningún tipo de justificación".
La ayuda acordada "a favor supuestamente de 9 extrabajadores de Calderinox" se vio incrementada mediante un suplemento "para incluir a dos intrusos", dice Alaya, quien añade que la incorporación de Rodríguez Cordobés fue obra de la "activa participación" de Antonio Rivas y el exdiputado andaluz por el PSOE Ramón Díaz Alcaraz, ya imputado en la causa.
La cantidad fijada como responsabilidad civil, según el auto, responde a los principios de "gravedad, necesariedad e idoneidad" y tiene por objeto "la devolución, en la medida de lo posible, de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".
Por otro lado, la magistrada pretende obtener una radiografía completa de los sindicatos UGT y CCOO.
La magistrada solicita a la Oficina Pública de Depósito de Estatutos que le certifique todas las asociaciones sindicales, todas las federaciones o confederaciones constituidas por Comisiones y UGT en España y en Andalucía. Y pide a distintos organismos información sobre las cuentas, la vida laboral o las operaciones con terceros entre 2001 y 2012 de las empresas de UGT y CCOO que se investigan como Temiqui, ITG o Atlantis.
