"Era normal" el pago anticipado de subvenciones en la Consellería de Cooperación
Dos testigos, ambos subvencionados a través de sus organismos por la extinta Conselleria de Solidaridad para proyectos de cooperación, han destacado la relación "fluida" y "directa" entre el exconseller y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, con distintas ONG, así como la "ayuda" que éste les prestaba para poder obtener subvenciones del departamento que dirigía
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Así se han pronunciado Angel Pérez-Navarro -catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) e investigador del Instituto de Ingeniería Energética- y Guillermo Vansteenberghe -miembro de Ceimigra-, testigos propuestos por el abogado de Blasco, en la juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008.
Pérez-Navarro ha declarado que fue subvencionado en julio de 2010 por la conselleria para un proyecto en la República Democrática del Congo, para instalar un sistema de regeneración de energía eléctrica. Ha expuesto que antes de obtener la ayuda ya conocía a Blasco "por un amigo en común", pero a partir de su interés en desarrollar el proyecto de cooperación, se acercó más a él y establecieron una relación, ha dicho.
La relación que mantuvo con el exconseller fue "completamente fluida" y él fue "muy colaborador": "me ayudó mucho por mi ignorancia de procedimientos para obtener subvenciones", ha declarado. También ha señalado que disponía de su teléfono móvil para contactar con él, y si tenían que quedar para discutir algo del proyecto, así lo hacían o le remitía a su secretaria para que le diera hora, ha dicho. "Cuando tenía dudas -ha agregado- le llamaba y me las solucionaba o me remitía a los técnicos".
Por su parte, Guillermo Vansteenberghe ha explicado que estuvo en la dirección general de Inmigración entre los años 2007 y 2008, y luego pasó a Ceimigra. Ha indicado que coincidió en su etapa en la conselleria con Blasco, y que mientras estuvo allí nunca se planteó ninguna irregularidad con los proyectos de la Fundación Cyes.
Una vez comenzó a trabajar en Ceimigra, ha expuesto que mantenía con el exconseller una relación "fluida", con "cruce de llamadas con los móviles", ha agregado. En esta línea, ha añadido que "otras personas de cooperación también se acercaban a él en actos públicos y a efectos prácticos conseguían su teléfono", ha dicho.
DOS INTERVENTORAS
Por otro lado, han declarado en la vista de este martes dos interventoras de la Abogacía de la Generalitat valenciana: Irene Chova y Carmen Díaz, ambas también propuestas por la defensa de Blaco. La primera, Chova -quien actualmente está en excedencia de su puesto en la Intervención- ha explicado que estuvo en la Abogacía hasta junio o julio de 2008, al tiempo que ha señalado, al igual que su compañera, que en Solidaridad se autorizaba el pago anticipado del 100 por cien para proyectos de cooperación, puesto que así se preveía en las convocatorias.
Así mismo, ha destacado que ella hizo personalmente informes con "irregularidades" en algunos proyectos de cooperación pero antes de que llegara Blasco a la conselleria, en relación con justificaciones y cierres de expedientes. "Era un tema de trámites", ha proseguido, y ha aclarado: "los proyectos de cooperación eran muy largos en su ejecución, algunos tardaban cuatro o cinco años en hacerse, y tardaban mucho las justificaciones". Así mismo, ha añadido: "las justificaciones venían en monedas de otro país y la facturación era distinta, así que era complicado".
Además, tanto Chova como Díaz han indicado que nunca les manifestó ningún técnico ni jefe de área ninguna irregularidad en relación con los proyectos a la Fundación Cyes, y tampoco tuvieron conocimiento de la compra de inmuebles: "si hubieran aparecido inmuebles me acordaría porque me hubiera parecido raro", ha puntualizado Chova.
Al respecto, Díaz, quien tenía su despacho en la propia conselleria, ha expuesto que a ella personalmente nadie le comunicó problemas de interpretación o de aplicación de normas o seguimiento de los proyectos de la Fundación Cyes, ni ningún problema relativo a la adquisición de inmuebles en Valencia.
Por último, en relación con el cierre de los expedientes, Chova ha comentado que la conselleria se los remite cuando ya han acabado el proyecto para que la Intervención cierre los mismos en materia de contabilidad, pero sin comprobar "nada": "nos dicen que ya han cumplido y cerramos el proyecto en contabilidad", ha aseverado.
