La ACCS pide 13 millones de euros por la ejecución de la sentencia de Ebro

La sentencia del Supremo ratifica que el alcalde de Valladolid debió abstenerse a la hora de modificar el PGOU porque su intervención determina la invalidez del acuerdo municipal. Se levantaron 423 viviendas frente a Vallsur, 263 más de las autorizadas inicialmente

El 28 de junio de 2011 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, confirmando la "ilegalidad" de la operación urbanística que permitió construir en los terrenos de la antigua fábrica de piensos CIA, frente a Vallsur, 423 viviendas, en lugar de las 160 permitidas. Esto suponía un incremento de edificabilidad de 37.000 metros cuadrados en la parcela.

Los primeros acuerdos se aprobaron en 2003.

El Supremo sostuvo que el alcalde de Valladolid "debió abstenerse" en la votación que tenía por objeto la aprobación provisional de la modificación del Plan General por "tener interés personal en el asunto". Javier León de la Riva, vicepresidente de Caja Duero, había sido designado representante de la entidad financiera en el consejo de administración de Ebro Puleva S.A. Esta elección , según la sentencia, colocaba al regidor vallisoletano en una posición en la que "no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales que sirven con objetividad a las administraciones públicas y los intereses particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación de autos reconocía unos derechos, valorados en 2.500 millones de pesetas (16 millones de euros)"

El Supremo concluye que el acuerdo fue nulo toda vez que el voto del alcalde fue decisivo para su adopción, ya que debía ser aprobado por mayoría absoluta. Para ello - señala el Supremo- eran necesarios los 15 votos del PP en el Ayuntamiento, incluido el del alcalde. "La aprobación provisional de una modificación del PGOU exige la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y que en el supuesto litigioso esa mayoría, cifrada en quince, se logró justamente con el voto favorable del Alcalde que debió abstenerse, lo que determina también la invalidez de aquel acto", señala el Tribunal Supremo.

Parquesol, Edificasa 2000 y Metrovacesa recurrieron al Supremo en 2007 para continuar el litigio. El Alto Tribunal confirmó la ilegalidad de la operación que afectaba a la recalificación de los terrenos de la fábrica de piensos y la antigua azucarera de Santa Victoria.

Transcurridos casi tres años desde la resolución del Supremo, la Asociación Cultural Ciudad Sostenible considera ineludible el cumplimiento de la sentencia. Por tanto, la presidenta del colectivo, Susana Ordóñez, anunció en la Cadena SER la presentación en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la "Acción pública" porque en un caso de "interés público" no se puede entender la actitud pasiva del Ayuntamiento.

"Ahora que se va a vacíar el Patrimonio Público Municipal pagando los 20 millones de euros por la negligencia e incumpetencia municipal en el asunto del Zambrana, conviene no olvidar que la ciudad tiene pendiente aún recuperar las plusvalías y compensaciones derivadas de actuaciones urbanísticas anuladas por los tribunales", señala la Asociación.

Izquierda Unida apoya la reclamación para que se ejecute "urgentemente" la sentencia. "¿A qué estamos esperando?", se pregunta la formación liderada por Manuel Saravia en el Ayuntamiento.