Alaya imputa a responsables de FCC- Medio Ambiente y Cespa en Andalucía
La Junta asumió una subida salarial de los trabajadores de la limpieza de Granada que realizan estas subcontratas. El exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, comprometió el pago sin tramitar ningún expediente y sin tener competencias, según la jueza de los ERE
La jueza, Mercedes Alaya, ha imputado en los ERE al responsable de Relaciones Laborales en Andalucía de la empresa FCC - Medio Ambiente, Álvaro Mollinedo y al responsable de Relaciones Laborales en Andalucía de su filial CESPA, José Antonio Pérez. Una imputación porque supuestamente cada una de estas sociedades ha cobrado de la Junta, al menos, 276.000 euros. Un dinero que otorgó Javier Guerrero, el exdirector general de trabajo imputado en los ERE, sin seguir ningún procedimiento, sin tramitar ningún expediente y sin tener competencias para ello, según la magistrada. Dinero para acabar con el conflicto laboral de la limpieza del Ayuntamiento de Granada en el año 2006.
Los trabajadores hicieron una huelga indefinida y huelgas intermitentes para reclamar una subida salarial. Subida que se comprometió a asumir la Junta sin tener competencias para ello, según dice la jueza Alaya.
La magistrada explica que ha recibido las Diligencias Previas del Juzgado de instrucción número 7 de Granada, "denunciando que no todos los trabajadores recibieron las subidas salariales pactadas con las empresas Cespa y FCC, que fueron avaladas por el director de Trabajo, Javier Guerrero". Alaya dice que tanto CESPA como FCC - Medio Ambiente recibieron cantidades derivadas de las pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia. "Si bien es cierto que estas empresas no resultaron firmantes de esas pólizas, éstas serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas", afirma la jueza en el auto notificado a las partes. Las empresas no han devuelto las cantidades "indebidamente recibidas", advierte la magistrada. Por este motivo, Alaya da traslado de esta investigación como "responsables civiles a las empresas CESPA y FCC-Medio Ambiente" e imputa a los dos responsables de relaciones laborales de las sociedades.
