El Ayuntamiento de Oliva quiere erradicar la prostitución en la N-332
(CADENA SER)
Desde hace años, el Ayuntamiento de Oliva quiere erradicar la prostitución en la N-332, en cuyos arcenes se ubican mujeres a cualquier hora del día. Una veintena de ellas ejercen su profesión en plena carretera lo que, a juicio de las autoridades locales, supone un auténtico peligro de seguridad tanto para los conductores, quienes en ocasiones sufren distracciones, como para las propias mujeres.
La semana pasada, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que tipifique como infracción la ocupación de carreteras estatales para ejercer la prostitución, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.
La propuesta, presentada por CiU, ha salido adelante tras pactar una enmienda consensuada con el PP en la Comisión de Seguridad Vial, donde el diputado del grupo catalán Jordi Jané ha defendido la iniciativa, que no pretende "abrir un debate sobre la prostitución, sino resolver un problema específico que atañe a la seguridad vial".
El parlamentario ha apostado por "sancionar" tanto a quien ofrece estos servicios, como a quien los demanda, ya que puede constituir "un buen elemento para evitar" peligros que pongan en riesgo la seguridad vial, siguiendo el modelo puesto en marcha en Cataluña, y que no tenía aplicación en las carreteras de ámbito estatal.
CiU ha puesto el ejemplo del suceso ocurrido a finales de 2009, cuando una mujer que estaba en una carretera ofreciendo servicios sexuales fue arrollada mortalmente por un vehículo.
La proposición aprobada insta al Ejecutivo a incluir, dentro del ordenamiento jurídico, "la tipificación expresa como infracción del ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios de naturaleza sexual retribuidos en carreteras de tránsito público cuando estas conductas puedan generar un riesgo para la seguridad vial".
Esta propuesta está en consonancia con el contenido del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, aprobado el pasado noviembre por el Consejo de Ministros, que sanciona con una multa de hasta 30.000 euros la prostitución y la demanda de sus servicios en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial.
