Anticorrupción recurre que se investigue al Parlamento andaluz por los ERE
El auto de la jueza Alaya pedía investigar al Parlamento andaluz en las tres últimas legislaturas para esclarecer qué sabía de las irregularidades de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, en el que acordaba pedir al Parlamento de Andalucía documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas.
En un escrito, la Fiscalía rechaza el auto que la magistrada hizo a petición del abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un responsable de la agencia andaluza IDEA imputado en el caso, que alegó que los 17 parlamentarios de la Comisión de Economía tenían "un profundo conocimiento del proyecto de Ley de presupuestos" y poseían "un altísimo nivel técnico".
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La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Intervención General del Estado investigue al Parlamento andaluz o a la Comisión de Hacienda entre 2001 y 2010. No hace falta realizar un peritaje ni poseer conocimientos científicos para descubir lo que busca la magistrada en las actas que ha solicitado, afirma el fiscal. Basta con leerlas detenidamente para saber si en ellas se ha abordado o no alguna cuestión relacionada con las trasferencias de financiación con las que se pagaban los ERE o para saber si algún parlamentario advirtió que hubiera irregularidades en la concesión de las subvenciones sociolaborales, explica la Fiscalía.
Anticorrupción añade que los parlamentarios son personas aforadas y que el estudio general que ha ordenado la magistrada, Mercedes Alaya, supone arrojar indicios de la cooperación de los diputados por acción u omisión en los delitos de los altos cargos imputados.
Además, la Fiscalía recuerda que el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que los diputados gozarán de "inviolabilidad" por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios incluso después de haber cesado en su mandato por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios.
Este argumento le sirve para señalar que resultaría "inoperante" cualquier investigación al respecto, si se llega a ordenar
