Imputada la presidenta del PP de Orhiuela por las facturas de Fitur

Valencia

El juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) ha imputado a la concejal y presidenta del PP de esta localidad, Josefina Ferrando, por las facturas relacionadas con la presencia del municipio oriolano en Fitur

Según un auto, al que ha tenido acceso EFE, Ferrando estaría imputada, junto a un técnico municipal y a siete empresarios, por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y, dependiendo del resultado de las diligencias solicitada por la parte acusante, también cohecho.

Las actuaciones se iniciaron después de que el gobierno municipal de Orihuela (PSPV-PSOE y Els Verds) presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento para la construcción e instalación de los pabellones de Orihuela en varias ferias turísticas, entre ellas Fitur, entre 2008 y 2011.

El escrito de denuncia iba acompañado de varias facturas, en las que se consideraba que el entonces ejecutivo local (PP) había fraccionado los contratos para eludir las normas en materia de contratación que garantizan la publicidad y concurrencia.

Según el auto, de los informes emitidos y del resto de actuaciones "se infieren evidencias suficientes" de la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales púbicos o fraude, además de cohecho, dependiendo de las diligencias que han sido solicitadas.

La juez indica que los extremos descritos en la denuncia han sido contrastados con la documentación remitida por el Ayuntamiento, y señala que las facturas reflejan "un precio notablemente inferior al que fue satisfecho por el Consistorio".

Considera que la valoración refleja "una cantidad próxima a la mitad del dinero que efectivamente satisfizo el Ayuntamiento por los servicios en cuestión", que fueron reclamados por Josefina Ferrando, entonces concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico.

Asimismo, constata la identidad del técnico municipal que daba su visto bueno, así como la de las siete personas físicas que utilizando diferentes empresas habría participado en la mecánica de las adjudicaciones irregulares.

Por todo ello, la juez ordena llamar como imputados a Ferrando y a las otras ocho personas, a través de una resolución contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.