El fiscal pide 14 años de cárcel para Blasco

Valencia

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exconseller de Solidaridad y actual diputado No Adscrito en las Corts Rafael Blasco por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental.

El fiscal Vicente Torres se ha pronunciado así en el primer día de conclusiones y lectura de informes en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

Así mismo, el fiscal ha elevado a definitivas sus acusaciones contra los otros ocho acusados más en este procedimiento: Tauroni; el que fuera subsecretario de la conselleria, Alexandre Català; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la ex secretaria general de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás.

La solicitud de pena más alta de prisión es para Blasco, con 14 años; a él le siguen Tina Sanjuán, para la que el ministerio público solicita 13 años y medio, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; Català, con 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; Tauroni, con 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad; Felip, con 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; Llinares, con ocho de prisión y 18 de inhabilitación; Llopis, con seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, Marcial López y Josefa Cervera, para los que Fiscalía reclama cuatro años de cárcel, y el pago de una multa -para cada uno- de seis millones de euros.

En cuanto a la responsabilidad civil, los fiscales del caso -Jesús Carrasco y Vicente Torres- solicitan que López, Cervera y Tauroni indemnicen conjunta y solidariamente a la Generalitat Valenciana con la cantidad presuntamente defraudada en esta pieza, que asciende a 1.784.840,04.

Los argumentos del fiscal

Vicente Torres considera probado que la relación entre Tauroni y Blasco viene de antiguo y que fruto de la misma el empresario ha sido adjudicatario de gran cantidad de contratos públicos. Que llegado Blasco a la Consellería de Solidaridad era necesaria una ONG y que fue el propio Tauroni quien propuso a CYES y actuó posteriormente como nexo de la ONG con la Consellería.

El relato de los hechos que el fiscal considera probados ha repasado uno por uno los delitos que se imputa a cada uno de los nueve acusados. Según Vicente Torres ha quedado acreditada la relación entre Blasco y el empresario en prisión Augusto César Tauroni muy anterior al momento que ambos reconocen. Fruto de esa relación el empresario obtuvo contratos millonarios. Y cuando Blasco llegó a la Consellería de Solidaridad para mantener la citada relación era necesaria una ONG y de la mano del propio Tauroni entra en juego CYES.

Las irregularidades en los proyectos presentados por CYES provocaron que sus expedientes se paralizarán y el fiscal ha explicado cómo fueron apartándose técnicos y funcionarios y elaborándose documentos ad hoc para que CYES se llevara la subvención. Como Blasco llegó a amedrentar a los miembros del Comité Técnico y se arrogó la última palabra a la hora de aprobar las subvenciones y de pagarlas en tiempo record antes de que llegaran las preceptivas reformulaciones. Un ejercicio claro de "clientelismo político".

Y CYES compró los pisos e intentó luego justificar esa compra con falsedades que otros de los encausados tenían la misión de justificar mediante documentos falsificados y apartando de la tramitación de los expedientes a todo técnico o funcionario que pusiera en duda los mismos. Entre esas irregularidades llamaba la atención Torres de que los pisos comprados en Valencia como presunta oficina técnica para los proyectos de Nicaragua no figuraban escriturados a nombre de los beneficiarios ni vinculados a ellos durante quince años como es preceptivo.

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat valenciana, quien ejerce de acusación particular en el 'caso Cooperación', ha acusado al exconseller de Solidaridad y actual diputado no adscrito en las Corts, Rafael Blasco, de aprobar ayudas a la Fundación Cyes "a sabiendas de su injusticia" y de forma "claramente arbitraria", y ha criticado sus "presiones" y "ataques" a los funcionarios.

Esta parte ha elevado a definitiva la pena de 11 años y medio de prisión y de 31 de inhabilitación