La defensa de Blasco pide su absolución y acusa a todos de mentir

Valencia

La defensa del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco ha insistido hoy, en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia por el presunto desvío de ayudas al Tercer mundo, conocido como caso Blasco, en reclamar su absolución, desvinculándole de toda actividad delictiva imputada y definiendo como insostenibles las acusaciones

El letrado de Blasco, Javier Boix, ha defendido la absolución de su cliente, Rafael Blasco, en la segunda de las tres sesiones de conclusiones finales en este juicio por presunto fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en la concesión de subvenciones públicas, en el que están procesados el exconseller y otras ocho personas.

"Respetando" el trabajo de las acusaciones pública y particulares, Boix ha cuestionado las "acusaciones infundadas" sobre su patrocinado, que derivan en una condena que "en absoluto" se sostiene.

Según ha aseverado, la vinculación de Blasco con los hechos que se le imputan planteada por las acusaciones se resume en que "es amigo del amigo del adjudicatario" de las subvenciones presuntamente desviadas.

Para el abogado, "se busca lo mismo en las dos piezas" existentes del caso Cooperación, y es "vincular a Blasco con otros de los imputados".

Después de alegar "indefensión y quiebra de derechos", ha afirmado que el Ministerio Público ha basado parte de sus argumentos en "recortes de prensa" y ha practicado "cierta inversión del sentido del lenguaje" usando el plural en algunos correos "incluyendo a Blasco en el plural como destinatario de unos correos electrónicos que, por otro lado, no fueron contestados".

También ha sostenido que, en algunas ocasiones a lo largo de sus conclusiones, la Abogacía de la Generalitat "no acaba de decir lo que es cierto".

El martes, el Ministerio Público mantuvo su petición para Blasco de una condena de 14 años de prisión y 33 de inhabilitación por "aprovecharse" de su condición de conseller para, de común acuerdo con otros, delinquir, favoreciendo a determinada empresario en un "claro ejemplo de clientelismo político".

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, quien ejerce de acusación particular, solicitó 11 años y medio de cárcel y 31 de inhabilitación para el ahora diputado de Les Corts no adscrito, al que acusa de aprobar subvenciones a una supuesta ONG "a sabiendas de su injusticia", de forma "arbitraria" y "presionando a los funcionarios".

Los argumentos de Boix

Ha acusado a la fiscalía, a la policía, al resto de acusaciones, incluida la abogacía de la Generalitat, de mentir y de perseguir a su defendido. De no citar a testigos clave. De dar por falsos o por manipulados documentos que si parecen falsos, aunque no lo son según Boix, es por (es textual) "los fantasmas de la informática". Ha puesto en solfa el informe del interventor general del estado.

Ha presentado a Blasco como "un buen gestor" que jamás indujo a irregularidad alguna -no hay pruebas que lo demuestren, ha dicho- y a los funcionarios y técnicos de la Consellería como unos malos profesionales molestos por la "nueva metodología" impuesta por Rafael Blasco para resolver el "desmadre" existente antes de su llegada.

En definitiva ha puesto en duda todas y cada una de las acusaciones que asegura se basan sólo en un principio, para él erróneo, "piensa mal y acertarás". "Pensar bien es más sano", ha dicho.

Todo eso después de insistir en lo que ya puso sobre la mesa en las cuestiones previas, al inicio de esta vista: que la abogacía de la Generalitat actuara primero como defensa y luego como acusación de dos de los encausados es "ilegal" y por eso esta causa debería anularse.

Recordamos

En la causa, se juzga la primera pieza del caso Cooperación, en la que se investiga presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la Generalitat a la Fundación Cyes -sin relación con la constructora del mismo nombre-, que recibió en 2008 algo más de 1,6 millones de euros para sendos proyectos de construcción de pozos de agua en Nicaragua.

Según las acusaciones, a los proyectos solo llegaron 43.000 euros mientras que, con el dinero de las ayudas, la fundación, entre otros, compró cuatro inmuebles en Valencia por un total de 969.875 euros, bienes que no guardan "relación alguna con los objetivos previstos en uno y otro proyecto", según el fiscal.

Además de Blasco, los otros imputados en la causa son cinco funcionarios de la extinta Conselleria de Solidaridad y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de la fundación Cyes, y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.

El juicio, que se prevé que mañana viernes quede visto para sentencia, ha durado poco más de dos meses -comenzó el 7 de enero, con dos días de cuestiones previas a los que siguió el interrogatorio a los imputados-, y en él han declarado decenas de testigos y peritos a lo largo de una treintena de sesiones.