De la Torre y su familia demandaron al Ayuntamiento y a la Junta por una expropiación

Los dos recursos presentados en nombre del alcalde, Francisco de la Torre, y sus siete hermanos contra la Empresa Pública del Suelo de Junta de Andalucía (EPSA) y la propia Gerencia Municipal de Urbanismo del ayuntamiento de Málaga se interpusieron en los juzgados en mayo de 2012. El primer recurso fue admitido a trámite el 29 de mayo de ese año y el segundo dos, días después. En ellos, se reclama el pago del justiprecio de 183.733 euros acordados en 2009 por la expropiación de un inmueble en calle Rosal Blanco dentro del fallido proyecto de la tecnocasas de la Junta, que incluía un convenio por el cual el ayuntamiento expropiaba las viviendas y las ponía a disposición de la administración regional, que era la que pagaba dichas expropiaciones. Esta finca, que era propiedad de la madre del regidor, fue heredada por De la Torre y sus hermanos, que tienen la propiedad indivisa.

Según explica el abogado de la familia de De la Torre, su sobrino Luis Portero, como el procedimiento contra la Junta fue admitido antes, el juzgado que lleva el recurso contra la Gerencia de Urbanismo ha decidió suspender el procedimiento contra el ayuntamiento hasta que se resuelva mediante sentencia el de la administración regional, pero la familia no ha desistido de la demanda contra el consistorio a la espera de la primera resolución judicial.

No deja de resultar paradógico que el alcalde junto a sus hermanos hayan llevado a los tribunales a la propia Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo consejo de administración está presidido por el propio Francisco de la Torre.

El alcalde de Málaga argumenta que él desconoce los pormenores de la actuación, que no está al tanto, ya que se encuentra en manos de su sobrino como representante legal de la familia: "No tengo tiempo de ocuparme de estas cuestiones, están en manos de un sobrino mío", señaló en declaraciones a la Cadena SER, "no me pongo a decir que lo comparto, pero entiendo que lo hayan hecho, igual que entiendo que otros propietarios hayan reclamado. Lo que lamento es que desde la administración autonómica esta cosas se hayan llevado con tanta faltas de seriedad, de una manera tan irregular, tan lenta, con tanta falta de interés". De la Torre sostiene que en lo único en lo que opinó en este caso y se tuvo en cuenta por parte de su familia fue en el hecho de poner a disposición de la Junta la finca para que la ocupara e hiciera uso de ella aunque sin la obligación de pagar la expropiación en ese momento: "aquel ofrecimiento que se hizo diciendo (a la Junta) haga lo que tenga que hacer y cuando pueda, al cabo de años, lo pague... no responder a eso no lo entiendo", zanjaba el regidor.

RECLAMACIONES A URBANISMO Y A EPSA

El abogado de la familia del regidor, su sobrino, Luis Portero, señala que hasta en tres ocasiones entre 2007 y 2011 se requirió a la Gerencia Municipal de Urbanismo que se cumpliese el acta de ocupación del inmueble y se realojase a los inquilinos, dada la deteriorada situación de la finca, aunque no se pagase en ese momento el justiprecio de la expropiación. También se le dio traslado a la Empresa de Suelo de la Junta, pero de esta última no se obtuvo respuesta, y se le envió un escrito al Defensor del Ciudadano. "El Defensor no agradeció nuestro interés y sensibilidad por agilizar el expediente de expropiación y dar solución a los inquilinos", señala Portero.

Ante la reclamación administrativa presentada por la familia de De la Torre, la Gerencia de Urbanismo le dio carpetazo al asunto y rechazó ese recurso. "Como cada administración se ha estado echando la pelota la una a la otra, la Junta dice que tiene que paga el ayuntamiento y el ayuntamiento que es la Junta, se pone la demanda contra los dos por estrategia procesal, para que en el caso de que prospere una se desista de la otra", señala Portero. En las demandas se esgrime la "inactividad" de las administraciones y se añade que hay otros 29 propietarios de solares y edificios del centro de la ciudad a los que EPSA adeuda 7.253.170 euros

UN POLÉMICO INMUEBLE Y UN CONTROVERTIDO CONVENIO

Este edificio de Rosal Blanco en su día estuvo rodeado de polémica; el entonces Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, llegó a denunciar el estado de deterioro que sufría el inmueble y la precaria situación de sus inquilinos. Incluso se llegó a considerar como un caso de acoso inmobiliario y se puso la mira en la dejadez de la propiedad, señala el PSOE.

El convenio de las tecnocasas se anunció en 2005 a bombo y platillo por la administración regional para crear viviendas en el centro de la ciudad orientadas al teletrabajo. A pesar de quedar numerosas expropiaciones pendientes pactadas en su día con los propietarios, con la crisis y el cambio de dirigentes en la consejería de Fomento, que pasó de manos del PSOE a IU, la Junta trató de tumbar el convenio e incluso lo llevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se encuentra en estos momentos. La delegación de Fomento insiste en que está dispuesta a analizar caso por caso, pero añade que se produjeron numerosas irregularidades, como el hecho de que algunos solares se han convertido en viales municipales. El ayuntamiento insiste en que se siga adelante con la actuación conveniada en su día.