Desmantelado un casino ilegal en Simón Verde

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, dentro de las actuaciones que viene desarrollando contra el juego ilegal, ha desmantelado en la noche de este jueves un casino ilegal que operaba en un chalet de la zona de Simón Verde en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

Los agentes vigilaban desde hacía seis meses este chalet sospechoso de estar siendo utilizado para la organización de partidas ilegales de póquer. En el momento de la intervención, en el interior del chalet se encontraban 11 personas jugando además de dos crupieres y dos empleados. Los agentes han intervenido alrededor de 16.000 euros en metálico, además de 10 mesas de póquer -una de ellas valorada en más de 15.000 euros- y fichas de casino de diferentes cuantías por un valor de 3,6 millones de euros.

Tras la intervención, los agentes de la Unidad adscrita procedieron a clausurar la actividad así como todos los elementos de juego. La Delegación del Gobierno abre ahora un expediente administrativo tanto a los organizadores de las partidas ilegales como a los jugadores presentes en el chalet en el momento de la operación. La organización y participación de prácticas de juego ilegal está considerada una infracción administrativa que en este caso podría tipificarse como muy grave al carecer el inmueble de cualquier tipo de autorización y esto podría conllevar multas que van de los 10.000 hasta los 300.000 euros.

Según el delegado provincial del Gobierno de la Junta, Francisco Javier Fernández, que ha informado de la operación, "ésta es una de las actuaciones contra el juego ilegal más importante de los últimos 10 años en Andalucía". Fernández ha aprovechado para felicitar a la Unidad Adscrita de la Policía y para recordar que el juego "es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa", y es que los locales y personas que organizan actividades ilegales en este campo perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo a la hacienda pública, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes.