Los empleados públicos 'desafían' al Gobierno de Canarias por su intimidad

El secretario de organización del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), José Ricardo Gómez, asegura que "nada justifica una invasión a la intimidad, como la que pretenden", y que pasa por que "la inspección médica de la Dirección General de Servicios estaría facultada para acceder a sus historiales médicos".Por ello anuncia que llegarán "a donde haga falta" si el Gobierno de Canarias no da marcha atrás en su pretensión de tener acceso a ellos.

La alarma se desató en la última mesa general de empleados públicos, en la que el Gobierno de Canarias anunció que quería llevar al Parlamento el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales, y que, entre sus puntos incluía que la inspección médica adscrita a la Dirección General de Servicios, perteneciente a la Consejería de Presidencia, estaría facultada para tener acceso a los historiales clínicos de todos los empleados públicos de Canarias.

El anuncio no ha sentado nada bien en los sindicatos que argumentan que "la intimidad de las personas es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en las directivas europeas". Es más, José Ricardo Gómez expone: "No entendemos que bajo la excusa de un control del absentismo, están tratando de buscar esos datos". De hecho, asegura que no están en contra de que se controlen las bajas, pero "éstas las debe controlar el Servicio Canario de Salud o la Seguridad Social, no la consejería de Presidencia".

El secretario de organización del sindicato añade: "En ninguna administración del Estado, ni en otra comunidad autónoma ni los cabildos ni los ayuntamientos tienen inspecciones médicas fuera de la administración sanitaria".

Fuentes de la Consejería de Presidencia aseguran que la normativa en proceso de cambio obedece a un criterio de equidad; ya que "toda baja médica será supervisada por un comité compuesto por tres inspectores médicos, no por uno, como hasta ahora", que podrán formar parte de Presidencia o de Sanidad. En todo caso, arguementan que "se garantiza la confidencialidad de los datos de todos los pacientes".