Anticorrupción recurre al Supremo la decisión del TSJCV de declararse no competente en el juicio de Fitur
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia resolvió declararse incompetente para juzgar esta pieza al haber renunciado a su escaño de diputadas autonómicas dos de las imputadas, Milagrosa Martínez y Angélica Such
VALENCIA
El PSPV, que ejerce en este caso de acusación particular, no recurrirá la decisión del alto tribunal valenciano
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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el anuncio de la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del tribunal valenciano de declararse no competente en para el enjuiciamiento del conocido como 'Juicio Fitur', dentro del llamado 'caso Gürtel', al considerar que la renuncia a sus escaños en las Corts Valencianes de Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaban necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.
La Fiscalía recuerda, a través de un comunicado, que "el pasado 16 de abril de 2014 el Tribunal Superior de Justicia declinó su competencia considerando que la renuncia de Angélica Such y Milagrosa Martínez a sus escaños conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados, no habiéndose producido tampoco la consolidación de su competencia jurisdiccional al no haberse iniciado las sesiones del juicio oral".
Sin embargo, al entender que dicha resolución "no es ajustada a derecho", Anticorrupción anuncia la preparación de recurso de casación contra la citada resolución "por infracción de precepto legal y constitucional".
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se declaró no competente para celebrar el juicio por la pieza 3 del 'caso Gürtel', relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur, y lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia.
El TSJCV adoptaba esta decisión después de que Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda (Alicante), dejara su escaño en las Corts -al igual que había hecho previamente Angélica Such- con lo que la pieza se queda sin personas aforadas y, por tanto, la competencia para enjuiciarla no tenía por qué estar circunscrita al tribunal valenciano.
En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa -considerados presuntos cabecillas de la trama-; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.
Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such -quien dejó su acta de diputada 'popular' hace aproximadamente un mes- requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.
ADJUDICACIONES A ORANGE MARKET
A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market -y otras sociedades vinculadas-, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.
Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
