Anticorrupción pide una fianza civil de 16.000 euros para un dirigente nacional de CCOO

José Luis Montesinos, el secretario general de Industrias Químicas de Comisiones, se ha acogido a su derecho a no declarar en el caso de los ERE. Anticorrupción ha pedido para él una fianza civil de 16.000 euros. La jueza considera que la tramitadora Vitalia y el sindicato CCOO tenían "un negocio bilateral" que consistía en que el sindicato proporcionaba información de empresas en crisis a la tramitadora, que se lo agradecía con el pago de esas pólizas, con dinero que supuestamente provenía de las sobrecomisiones que la Junta pagaba a Vitalia por gestionar los ERE.

Esta mañana también se ha acogido a su derecho a no declarar el que ha sido responsable en Córdoba de Faecta, la Federación de asociaciones para la economía social, Francisco Moyano. La Junta ha solicitado para él una fianza civil de 16.000 euros. En 2001, según la investigación, recibió 20 millones de pesetas de la Junta sin haber realizado ninguna solicitud para un plan de viabilidad inexistente.

Faecta justificó como gastos 348.000 pesetas por el alquiler de un local para impartir los cursos, cuando en realidad los mismos se realizarían en dependencias cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Córdoba mientras que, "a pesar de que la duración de los cursos fue de tres meses, el alquiler y las nóminas corresponderían con seis mensualidades".

También han comparecido ante la juez Santiago Romero e Inocencio Estévez, que fueron incluidos en la póliza "derivada de la que inicialmente estaba encaminada para cubrir las rentas del colectivo de trabajadores prejubilables del Matadero de Fuente Obejuna", y todo ello a pesar de que en 2003 se le habría reconocido una incapacidad y asignado una pensión no contributiva.

En virtud de dicha póliza, los imputados "tendrían garantizadas unas rentas temporales desde 2007 hasta los 75 años con cargo a los fondos públicos andaluces, a pesar de que la percepción de estas rentas era incompatible con la prestación por incapacidad", ascendiendo finalmente la primas abonada por la Junta a 20.413,23 euros, en el caso de Santiago, y de 52.484,54 euros, en el caso de Inocencio.