El alcalde de Ambite no permite grabar los plenos
El alcalde, Antonio Villarta, ha expulsado a varias personas de la sala de plenos para impedir la grabación
La negativa de un alcalde sobre la grabación de plenos en un municipio madrileño no es una historia nueva. Ya ha ocurrido en el caso de Pelayos de la Presa, y ahora sucede en la localidad de Ambite, al este de la región, prácticamente en la frontera con Guadalajara. El ciudadano que ha intentado grabar el pleno de este municipio de 500 habitantes, podría ser sancionado por el Ayuntamiento con más de 300 euros.
El cinco de diciembre del año pasado Óscar Osuna intentó grabar el pleno de Ambite, un municipio madrileño de quinientos habitantes situado al este de la región, cuando el alcalde, Antonio Villarta, intentó impedírselo: "indicarle al caballero que asiste como público que cese en la grabación del pleno", decía el primer edil. El ciudadano respondió: "¿Me puede decir usted qué ley o normativa lo impide?". Tras un cruce de aviso y pregunta similares, Villarta suspendió temporalmente el pleno durante cuarenta minutos, "sin indicarme que quedaba expulsado de la sala", apunta Óscar. Todo a pesar de que éste había solicitado por escrito, previamente, permiso para la grabación.
La Guardia Civil se presentó, incluso, en el consistorio para aconsejar al ciudadano que pretendía grabar la sesión plenaria que abandonara la sala si el alcalde se lo pedía. Y así fue, tras el receso, Villarta expulsó a Óscar y éste abandonó el pleno preguntando, de nuevo, por qué debía hacerlo..
"Dado que el alcalde modificó el horario de celebración de los plenos de los jueves por la tarde a la mañana, el alcalde propició que la gente no pudiera asistir para no hacer preguntas; de ahí mi interés por grabarlo para que todos lo pudieran ver en diferido", asegura Osuna.
Ahora el ayuntamiento de Ambite ha abierto un expediente sancionador a este ciudadano por dos supuestas faltas leves de alteración del orden público y resistencia a la autoridad, con un coste de más de 150 euros cada una. Tras varias alegaciones y un escrito al defensor del pueblo el caso está en punto muerto y Osuna espera a que se responda a sus últimas alegaciones.
Y todo, a pesar de que hay casos en los que tanto el Tribunal Supremo como el defensor del pueblo se han posicionado en favor de la grabación de los plenos municipales.
