El PSOE acudirá a los juzgados por el "caso Zambrana" mientras el PP se enroca y elude dimisiones
El portavoz del PP, Jesús Enríquez, acusa a Oscar Puente de defender más los intereses de la familia que los del Ayuntamiento de Valladolid. El PSOE rompe las relaciones políticas con el PP por esta acusación
IU lamenta que el alcalde no aclare las contradicciones que se suscitaron en la comisión de investigación por el grado de conocimiento del caso. Después del pleno, León de la Riva negó contradicciones con la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal
Pese a los intentos del PP de zanjar el "caso Zambrana", la polémica derivada de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 20 millones de euros por una parcela de 5,3 hectáreas continuará. El Grupo Municipal Socialista anunció que acudirá a la vía judicial para que nadie quede impune de la responsabilidad. Según Oscar Puente, los responsables en el ámbito administrativo y político están perfectamente identificados.
El recurso a los juzgados está supeditado a una condición que, muy previsiblemente, se cumplirá: Javier León no pedirá el cese de Cristina Vidal y Manuel Sánchez, ni tampoco propondrá la destitución de los técnicos de alto nivel que han participado en el proceso.
La iniciativa del PSOE la desveló Oscar Puente después de un pleno que concluyó con una bronca intervención del portavoz popular, Jesús Enríquez, quien acusó al líder del Grupo Socialista de defender más los intereses de los herederos que los del Ayuntamiento y de ejercer de "intermediario".
Después del pleno, el alcalde admitió que no se arrepiente de haber designado a Oscar Puente presidente de la comisión de investigación y añadió que pensaba que había defendido los intereses generales. Sin embargo, no desautorizó a su portavoz.
Manuel Saravia, portavoz de IU, expresó su perplejidad ante la actitud del equipo de gobierno, que no ha reconocido ningún fallo, ninguna culpa en este asunto, que provocará el pago de 20 millones de euros, aunque la familia mantiene en los tribunales una demanda por valor de 96 millones.
Las conclusiones se aprobaron como un punto más del pleno ordinario, que contempla un turno de intervención de cinco minutos para cada portavoz. Previamente, los grupos de la oposición aprovecharon las mociones para pedir la supresión de la Gerencia de Urbanismo y plantear mejoras administrativas que eviten situaciones de esta dimensión.
