Alaya pide opinión a los abogados sobre la elevación de los ERE al Supremo

La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a los abogados que se pronuncien sobre la petición que ha hecho Anticorrupción de dividir la macrocausa en piezas separadas y elevar al Supremo la que afecta a los expresidentes Chaves y Griñán y a cinco exconsejeros aforados. La magistrada da traslado a las partes "para que en el plazo de cinco días aleguen por escrito lo que tengan por conveniente y presenten documentos justificativos de sus pretensiones". La Audiencia de Sevilla tendrá la última palabra cuando le llegue el recurso de Anticorrupción y los pronunciamientos de las demás acusaciones y de las defensas.

El Ministerio Público recurrió a la Audiencia el auto en el que la juez Mercedes Alaya rechazó su petición argumentando que "no ha lugar por ahora a la división de la causa". Y que esa división rompería la continencia y podría causar sentencias contradictorias en el futuro porque sólo se entiende el caso desde una perspectiva conjunta.

Anticorrupción cree que la recepción del informe pericial de Intervención General del Estado "proporciona elementos más que suficientes para que se proceda a elevar la pieza" relativa a la forma en la que se pagaron los ERE, la pieza que afecta a los políticos, al Supremo.

La Fiscalía en su recurso explica que pedir piezas busca "simplificar y dar celeridad.

Sobre la posibilidad de fallos contradictorios, la Fiscalía afirma que, "sin negar categóricamente que se pudieran llegar a producir, entendemos que entre los tres bloques que se proponen no sería relevante tal contradicción ni tampoco que se diera en el primer bloque si este responde a los hechos objeto de enjuiciamiento", agregando que si se produjesen pronunciamientos absolutorios o de sobreseimiento en la pretendida pieza de procedimiento específico, "este fallo no entraría en contradicción con otros hipotéticos condenatorios en otras piezas en las que se pusiera de manifiesto la apropiación de fondos públicos mediante la utilización del procedimiento específico".

"La preocupación de esta Fiscalía es precisamente conseguir que estos pronunciamientos se puedan dar en fase de enjuiciamiento, evitando impunidad de conductas, y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados", añade el fiscal en su recurso.