Gobierno y Diputaciones deben decidir quién y cómo se paga la multa

Tras la multa de 30 millones de euros dictada por el Tribunal Europeo contra España por no haber recuperado a tiempo el dinero de las llamadas vacaciones fiscales las instituciones vascas deben decidir ahora qué porcentaje del pago asume cada una.

Conocida la multa de 30 millones de euros impuesta por el Tribunal Europeo por las llamadas vacaciones fiscales el debate se centra ahora en la manera en la que las diferentes instituciones vascas piensan repartirse el pago.

Desde el Gobierno Vasco su consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha calificado la multa de desproporcionada y excesiva, aunque reconoce que habrá que pagar. Sobre cuánto le correspondería abonar al ejecutivo, el responsable de hacienda prefiere no dar porcentajes y subraya que es al estado al que le corresponde determinar a quién corresponde o se deriva la responsabilidad, aunque reconoce que puede haber también otras propuestas y pide tranquilidad.

Las Diputaciones no tienen un discurso unificado más allá del de asumir que la multa deberá ser abonada, pero a partir de ahí empiezan las diferencias. Desde la Diputación de Bizkaia el Diputado General, Jose Luis BIlbao, se ha mostrado cauto y ha pedido que se convoque una reunión del Consejo vasco de Finanzas para decidir allí la forma de pago. Jose Luis Bilbao llega incluso a apuntar dos opciones: pagar según los coeficientes habituales, esto es, 70 % el Gobierno vasco y un 30% las diputaciones, o bien según lo que haya recaudado y recuperado cada una.

El Diputado general alavés no contempla sin embargo estas dos opciones, sino sólo la primera. En opinión de Javier de Andrés el Gobierno Vasco debería hacerse cargo del 70% de la multa porque en su día cobró precisamente ese 70% de todas las ayudas recuperadas. Este reparto es bien visto también por la Diputación Guipuzcoana, aunque no se cierra tampoco a otras alternativas. D hecho la portavoz foral ha preferido subrayar la negligencia política que, en su opinión, protagonizaron el PNV y Confebask y que nos ha llevado a esta situación.

El debate no está cerrado pero tampoco podrá extenderse demasiado en el tiempo porque las instituciones dispondrán de sólo 20 días para pagar una vez que se haya publicado la sentencia conocida hoy.