La Diputación de Álava no hará pública la identidad de los defraudadores fiscales

El diputado general de Alava, Javier de Andrés, ha explicado este martes que la Diputación alavesa va a guardar la confidencialidad de todos los contribuyentes alaveses, aunque haya "discrepancias" con la Hacienda.

De Andrés ha hecho referencia de esta forma a la propuesta presentada por el PSE en las Juntas Generales tanto en Alava, como en el resto de territorios, para que los servicios jurídicos forales analicen la posibilidad de que se elabore una lista pública con "los grandes defraudadores a Hacienda".

Según ha explicado, la Diputación alavesa ha realizado un análisis "interno" de la propuesta socialista y ha recordado que los datos fiscales "son confidenciales" como establece la norma foral que regula la Hacienda alavesa, por lo que "no se pueden hacer públicos". Por tanto, ha subrayado que el gobierno foral "no va a hacer otra cosa que lo que dicten las normas y las leyes".

"En este momento, los datos fiscales de todo el mundo aunque haya discrepancias con la Hacienda, son confidenciales, y mientras la ley siga diciendo que son confidenciales, la Diputación de Alava va a guardar la confidencialidad de todos los contribuyentes alaveses", ha insistido.

Sin embargo, ha señalado que con la entrada del "nuevo concepto" de "gran defraudador", es necesario que se explique a quién corresponde esta figura.

De Andrés ha rechazado que un "gran defraudador" sea una persona que tenga un litigio fiscal con la Diputación, es decir, con una Administración, pero ha advertido de que no puede ser la Administración la que decida quién representa esta figura porque "no estamos cualificados para atribuir la responsabilidad de defraudador a alguien, sino que debe ser un juez".

"No podemos imputar la figura de defraudador o gran defraudador porque sería tanto como tomarnos la justicia por nuestra mano", ha subrayado.

Por otro lado, ha recordado que en el momento en el que se produce un delito fiscal, a partir de un fraude de 120.000 euros, se abre un proceso penal que es "abierto y público", por lo que "se conoce no solo el nombre de la persona implicada".

"Hoy en día, con la legislación en vigor, cualquier persona que eluda 120.000 euros se encuentra ya en el espacio público de conocimiento de su infracción", ha reiterado.