El Ayuntamiento reserva 5 millones para hacer frente a posibles derrotas en litigios abiertos

En la presentación de la Cuenta General de 2013, el interventor municipal ha subrayado la "inexistencia" de una deuda financiera y que Bilbao cumple con los objetivos de estabilidad, deuda y gasto. La Cuenta General es "la imagen fiel" del patrimonio y de la ejecución del Presupuesto relativa al ejercicio 2013, un documento necesario para que el Tribunal Vasco de Cuentas pueda fiscalizar los números del consistorio.

Una radiografía que pone en valor la situación "saneada" de las arcas municipales, según el coordinador de la política económica del gabinete Areso, Andoni Aldekoa. Añade que, con un remanente de 30 millones de euros "no dispuestos para ningún gasto", el Ayuntamiento tiene "capacidad" para hacer frente a todas las incertidumbres "en el peor de los casos".

Ese apartado de "riesgos potenciales" incluye un listado de pagos que podría tener que afrontar el Ayuntamiento a medio plazo. Figuran los pleitos pendientes de resolución en los tribunales con una estimación, realizada por la asesoría jurídica, que supera los 37 millones de euros. Sin embargo, el grueso, 32 millones, se los llevan los casos de Iparlat y Panera en los que ya se ha llegado a un acuerdo. Por tanto, quedarían 5 millones para responder a derrotas en otros juicios abiertos contra la administración local. La mayoría son cuestiones urbanísticas y otra, valorada en 216.294 euros, por una caída en la vía pública. La demandante es Amaya Uranga, cantante del Consorcio, que se rompió el fémur al tropezar con una arqueta cuando salía de un taxi. El percance obligó al grupo a suspender la gira prevista en México en abril de 2011.

Las cuentas pendientes con Bilbao Ría 2000 ocupan también un lugar destacado. Con cargo a los presupuestos de este año se abonarán los 7,6 millones de aprovechamientos urbanísticos por la torre Iberdrola porque antes de aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) habrá que dejar a cero este apartado de aprovechamientos, que asciende a 13,8 millones de euros en total. El ayuntamiento, y el resto de instituciones con participación en la sociedad pública, avalaron dos operaciones porque las que, a día de hoy, el consistorio bilbaíno tiene un riesgo de 23 millones. "La previsión es que hasta 2017 siga vendiendo solares y se vaya reduciendo ese crédito con los bancos", matiza Aldekoa.