Antonio Fernández y Javier Guerrero guardan silencio ante Alaya
El exconsejero de Empleo y el exdirector general de Trabajo se han acogido a su derecho a no declarar. Mercedes Alaya insiste en que "en la recta final" de la investigación no puede dividir la causa para mandar una parte al Supremo
Mercedes Alaya ha iniciado este lunes la ronda de declaraciones que afectan a la agencia Pública IDEA, la que pagaba las ayudas sociolaborales. Ninguno de los cuatro que han comparecido ante la jueza han prestado declaración. Anticorrupción ha solicitado 26 millones de euros de fianza civil para el exdirector de IDEA, Miguel Ángel Serrano. El exconsejero Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero ya tienen impuestas fianzas civiles millonarias. La magistrada ha vuelto a decir que se encuentra en "la recta final" de su instrucción.
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La juez Alaya ha emitido un auto en el que rechaza la petición del fiscal de suspender las 25 declaraciones de nuevos imputados fijadas para esta semana y de dividir la causa de los ERE en piezas -una por cada ayuda investigada- y lo hace por "la importancia, máxima en esta recta final, de mantener la continencia de la causa".
Las veinte personas citadas a declarar esta semana fueron miembros del Consejo rector de la agencia pública que hacía efectivo el pago de las ayudas sociolaborales. Ellos aprobaron los convenios firmados entre la empresa pública y la consejería de Empleo. Convenios que pagaba IDEA falseando, supuestamente, su presupuesto porque el dinero que les remitiía empleo figuraba como "otros gastos de explotación" que en realidad no existían. Con ese dinero, según la magistrada, sólo se pagaban subvenciones incumpliendo el procedimiento legal de las subvenciones. Por tanto presupuestaban gastos de explotación inexistentes.
La magistrada ha aplazado hasta el día 5 la declaración del presidente de Unicaja, Braulio Medel.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Serrano una fianza civil de 26.036.437 euros, equivalente al 5 por ciento de los 391.525.378 euros a que ascendieron las transferencias al IFA entre 2004 y 2008, incrementado en los porcentajes legales.
Serrano ha entregado un escrito en el que denuncia que los hechos presuntamente delictivos que le imputa la juez se basan en su declaración prestada en calidad de testigo, "declaración por la que no se me puede incriminar como imputado, pues no ha sido prestada con las debidas garantías constitucionales".
El imputado, además, no ha ratificado ninguno de los extremos manifestados ante la Guardia Civil porque su comparecencia duró 4 horas y 15 minutos y lo que declaró "fue bastante más extenso de lo que figura" en los once folios recogidos por los investigadores.
