La Consejería de Empleo no tiene dinero suficiente para acreditar a los 20.000 cuidadores de mayores y dependientes

El Director General de Fomento del Empleo, Valentín Bote, afirma que con el dinero que ha dado el ministerio para realizar el proceso sólo podrían evaluar a unas 2.500 personas. Una ley estatal establece que la acreditación debe realizarse antes del 1 de enero de 2015

La manifestación de los trabajadores del sector, la mayoría mujeres que cobran entre 800 y 1.000 euros por cuidar a ancianos y personas dependientes en servicio a domicilio, residencias o centros de día, se ha realizado este mediodía frente a la sede de la Consejería de Empleo. Un Real Decreto de ámbito estatal estableció en 2008 que los trabajadores de estos servicios deben recibir un certificado de habilitación profesional demostrando unos tres años de experiencia laboral o haber realizado un curso de formación específico de más de seiscientas horas. Entre el centenar de manifestantes que han acudido se ha expresado la preocupación por su futuro laboral porque la consejería no ha puesto en marcha todavía el proceso de evaluación y porque no se sabe si se van a atender todas las peticiones o va a ser una convocatoria restringida que podría poner a muchos trabajadores en la calle a partir de enero de 2015.

Desde la Consejería de Empleo se afirma que el proceso de certificación podría comenzar en el mes de junio y de una manera más amplia que las convocatorias hechas por otras comunidades autónomas. Pero de entrada hay un problema que hoy ha reconocido en declaraciones a la Cadena SER el Director General de Estrategia y Fomento del Empleo, Valentín Bote. Hasta el momento la consejería sólo ha firmado un acuerdo con una de las cinco asociaciones profesionales del sector, concretamente con la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Las otras asociaciones no han llegado todavía a ningún acuerdo porque la consejería exige que corran con parte de los gastos que se deriven del proceso de evaluación. Valentín Bote ha declarado que el proceso es muy costoso y que con la subvención que le ha dado el Ministerio de Empleo sólo podrían llegar a certificar a unos 2.500 trabajadores de un colectivo que oscila entre los 18.000 y los 20.000. Los sindicatos temen que el proceso se limite sólo a la evaluación de los trabajadores adscritos a la única asociación profesional que ha llegado a un acuerdo con el gobierno regional, una incógnita que el Director General no ha desmentido ni confirmadoalegando que pretenden realizar un proceso lo más amplio posible.