Elena Cortés anuncia que la Junta completará el realojo provisional de las familias de la Corrala
Según Fomento, los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla certifican la situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión de las familias evaluadas
Hay dos familias que no han sido evaluadas por los servicios sociales. Tienen menores a su cargo. Una de ellas continuará en el piso a la espera de dicho informe. En otro caso, se trata de una familia que no está empadronada en Sevilla. Su realojo estaba pendiente. La Junta tiene "pleno conocimiento de su necesidad habitacional" y le se prestará atención a través del programa Andaluz de la Vivienda.
Los informes actualizados de los servicios sociales certifican que las 15 familias evaluadas reúnen las condiciones para acceder a una vivienda provisional porque se encuentran en situación de "vulnerabilidad o riesgo de exclusión".
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La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía completará a partir de ahora el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de "riesgo" o de "exclusión social".
Según informa Fomento, el realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su "riesgo de exclusión social", y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios. Dichos extremos han quedado certificados por los informes actualizados.
Las familias evaluadas son siete de las ocho ya realojadas, y ocho de las nueve cuyo realojo quedó pendiente de la actualización de los informes.
De las dos familias de las que los servicios sociales no han enviado informe actualizado, una de ellas, con un menor a su cargo, continúa realojada a la espera de que el Ayuntamiento actualice su informe, tal y como establece el acuerdo del Gobierno del 12 de abril.
En el otro caso, se trata de una familia que no se encuentra empadronada en Sevilla, por lo que el Ayuntamiento no la ha evaluado. La Consejería tiene pleno conocimiento de la situación de necesidad habitacional de esta familia, que tiene un menor a cargo, y a la que prestará atención a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
El Ayuntamiento de Sevilla no comparte los criterios de la Junta y le pide que los explique.
La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores De Pablo-Blanco, ha afirmado que el gobierno de Juan Ignacio Zoido ha "cumplido en todo el proceso con la remisión de los informes sociales elaborados por sus trabajadores sociales con carácter prioritario", mientras que la Junta es "responsable de sus decisiones desde el momento en el que entregó las llaves a las ocho familias ocupas anteriores como a las que ha anunciado que entregará este martes".
En un comunicado, De Pablo-Blanco ha explicado que la consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés, ha tramitado un expediente para esa entrega de llaves, por lo que considera que es "de su exclusiva responsabilidad, sin que el Ayuntamiento pueda ni avalar ni dejar de avalar lo realizado por la Consejería". "Lo único que hace el Ayuntamiento es cumplir con la obligación impuesta en la ley de emitir los informes sociales con calificación de situación de vulnerabilidad, exclusión social y baremada", añade.
Cortés lamenta que el Ayuntamiento de Sevilla haya intentado confundir repitiendo una y otra vez que estas familias no cumplían con los requisitos de un "baremo que no es de aplicación para los realojos provisionales".
"Si el Ayuntamiento tuviera en realidad la más mínima intención de resolver las necesidades de vivienda de las más de 300 familias que tiene baremadas a la espera de una vivienda en adjudicación, pondría a su disposición las 528 casas vacías que tiene Emvisesa", ha concluido Cortés.
